El Gobierno acaba con el mecanismo especial de revisión de precios de las obras públicas

El mecanismo de revisión excepcional de precios de los contratos públicos que el Gobierno creó hace un año ya es cosa del pasado. El Ejecutivo cree que “las circunstancias actuales no justifican una prórroga de esta medida extraordinaria”, por lo que la vigencia de este procedimiento, que se ideó para responder al escenario de volatilidad y carestía que rodeaba a los precios de muchos materiales de obra, terminó este jueves. La decisión supone un jarro de agua fría para las pretensiones empresariales. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal que agrupa a la mayoría de firmas españolas del sector, había pedido no solo la extensión de esta medida, sino que se hiciera permanente un sistema similar.

Pero el Gobierno cree que ya no es necesario. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que es el mayor inversor en obra pública) argumenta que el mecanismo nació “en un contexto de alza de precios extraordinaria de las materias primas que no pudieron ser tenidas en cuenta por las empresas a la hora de preparar sus ofertas”. Pero ahora, continúan las mismas fuentes, los importes ”están más nivelados que en 2021 y el primer semestre de 2022″. Además, “se espera que los costes de los materiales de construcción se moderen en 2023″.

En Transportes destacan que todos sus contratos “ya tienen incorporada la revisión de precios ordinaria” y que “se licitan con bases de precios actualizadas”. Sobre qué pasará en adelante, el ministerio responde que “los contratos cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publiquen en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 2 de marzo de 2023 [este jueves] podrán acogerse a este mecanismo excepcional en cualquier momento a lo largo de la vigencia del contrato”, siempre que cumplan con las condiciones que recoge ese sistema. Los nuevos contratos que salgan desde este viernes, por tanto, ya no tendrán esa posibilidad.

Eso aboca a un escenario catastrófico a juicio de la CNC. La patronal reclamó este jueves, como viene haciendo semanas, una prórroga del mecanismo, algo que pensaban que no se había producido ya por divergencias entre distintos ministerios. El fin de la revisión, advertía la organización, “frenará al sector y supone una amenaza para la ejecución de los fondos europeos”. “Si no se prorroga el sistema, se producirá una oleada de disoluciones y concursos de acreedores de empresas de la construcción, al no poder afrontar con garantías las tensiones en los precios de las materias primas, los materiales de construcción y la energía”, añadía en el mismo comunicado.

Y eso que la patronal nunca ha escondido que el mecanismo no le gustaba por considerarlo insuficiente. Ni la horquilla de precios (se aplicaba para un crecimiento de entre el 5% y el 20%), ni los umbrales temporales, ni el hecho de que se calculase solo sobre una lista restringida de materiales convencían a los constructores. Por ello demandaban “un sistema de revisión de precios ambicioso y estable”. “CNC ha puesto esta grave situación en conocimiento del Gobierno en reiteradas ocasiones, sin que, hasta la fecha, se hayan adoptado adicionalmente las correspondientes medidas correctoras”, decía el presidente de la organización, Pedro Fernández-Alén, unas horas antes de que el Gobierno diera a conocer su decisión de no prorrogar la medida.

Las fuentes del Ejecutivo consultadas aseguran que este “es sensible a la evolución de los precios y a las demandas del sector”. En Transportes dejan abierta la puerta a “posibles mejoras en los mecanismos vigentes de revisión de precios que permitan hacer el ajuste de una forma más ágil y dinámica”. Pero ya no será con el sistema que nació al calor de la guerra de Ucrania y que el Gobierno da por sepultado desde este viernes.

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