España suspende el proyecto de conexión eléctrica con Francia tras dispararse un 80% su coste

A mediados del pasado diciembre el pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras largas negociaciones con su homólogo francés, la Comission de Régulation de l’Energie (CRE), respaldó un acuerdo para salvar el proyecto de interconexión eléctrica submarina con Francia, por el Golfo de Vizcaya, cuyo coste se había disparado hasta un 50% respecto a la inversión inicial. Ambos organismos tienen la potestad de autorizar la infraestructura por ser un activo regulada.

Aunque este había pasado de 1.750 millones de euros en 2017 (año de las primeras consultas) hasta los 2.700 millones a finales de 2022, el organismo regulador español aceptó la propuesta de la CRE de incrementar ligeramente el porcentaje de participación de Francia en la infraestructura, fijado inicialmente en un 27%, frente al 43% que asume España (el restante 30%, corría a cargo de la Unión Europea, que lo había declarado en 2013 Proyecto de Interés Común o PIC).

A cambio, el regulador galo logró dos contraprestaciones de España, lo que desequilibraba el acuerdo: que las llamadas rentas de congestión no se revisarían en el futuro, aunque el flujo de energía en la interconexión fuese mayor de España a Francia, y que cualquier sobrecoste adicional lo asumirían los consumidores españoles, que son los que, a la postre, pagarían la red submarina a través de los peajes en su factura de la luz.

Ya en enero, el operador del sistema eléctrico y transportista, Red Eléctrica de España comunicó a la CNMC que el proyecto se había vuelto a encarecer, hasta los 3.100 millones de euros, lo que suponía casi un 80% más respecto a la inversión prevista en un principio.

Ante la magnitud del sobrecoste, debido principalmente a las subidas de las materias primas para la construcción del cable; la incertidumbre sobre el alquiler de barcos cableros o la subida de los tipos de interés, el pleno de la CNMC ha revocado su propio acuerdo de diciembre, según fuentes empresariales. Aunque oficialmente nadie reconoce que esto suponga una renuncia al proyecto, a efectos prácticos, este se ha quedado en un limbo.

De esta manera, fuentes conocedoras del proceso consideran que la infraestructura, tal como se había diseñado, está muerta y la alternativa, en cualquier caso, es volver a estudiarla partiendo de cero, lo que implicaría la elaboración de un nuevo estudio de coste-beneficio. “A lo mejor, no era tan estratégica como creíamos”, comentan las mismas fuentes respecto a una infraestructura promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Se desconoce la reacción de la parte francesa, aunque no parece haber manifestado tanta preocupación como la española. Lo que sí parece claro es que no se puede exigir que España asuma tan alto coste, opinan distintas fuentes. Además, y en ello se sustenta también el rechazo de la CNMC, no hay garantías de que el coste no siga subiendo, lo que hace inviable un proyecto que ni siquiera se ha iniciado y lleva acumulado un retraso de dos años, añaden.

En la CNMC aseguran que seguirán renegociando “un equilibrio de los costes”, aunque el problema ya no parece tanto el reparto como los propios costes. Máxime teniendo en cuenta que la Unión Europea ha dejado claro que no aportará más fondos de los comprometidos en su día al proyecto eléctrico.

El acuerdo de la CNMC de diciembre suponía la congelación del reparto de las rentas de congestión, lo que podría perjudicar en un futuro a España que, con más renovables, se puede convertir en exportadora (en las interconexiones, el flujo es mayor desde el país con la energía más barata). En el caso del cable en funcionamiento por los Pirineos, las rentas (la diferencia del precio de la electricidad entre España y Francia multiplicada por la energía que pasa por la interconexión) se destinan a sufragar los costes del sistema

REE, que ha evitado hacer comentarios, es la responsable de construir la infraestructura, junto con su homóloga francesa, Résseau de Transport d’Electricité (RTE), a través de la sociedad conjunta Inelfe. Ambas recibirían una retribución por la inversión y la explotación de la red.