El límite a las actualizaciones del precio de alquiler ha ahorrado hasta 1.200 euros anuales a los inquilinos

Muchos inquilinos españoles están de enhorabuena. La decisión del Gobierno de prorrogar un año más el sistema que protege los alquileres vigentes de la inflación supondrá un nuevo ahorro para esos hogares, que en este 2022 han podido economizar cantidades cercanas a los 1.200 euros en las localidades más caras. Es lo mismo que han dejado de ingresar los caseros, quienes han tenido que contentarse con subir los alquileres un 2%. Ese es el límite que se fijó el pasado marzo y que seguirá operativo, según el nuevo decreto de medidas urgentes, hasta el 31 de diciembre de 2023. Este tope beneficiará también, al menos durante seis meses, a arrendatarios cuyo alquiler se les acaba, ya que el Ejecutivo ha añadido en esta ocasión una prórroga extraordinaria de los contratos que expiran antes del 1 de julio. Aunque las cantidades que se economizarán en esta ocasión no serán tan jugosas, puesto que la previsión es que la inflación siga moderándose.

El pico de ahorro para los inquilinos, de hecho, se produjo el pasado julio. Para los contratos que tomaban el IPC de ese mes como referencia para recalcular la renta —la ley permite hacerlo una vez al año, siempre que se especifique en el contrato el método para ello— la diferencia era abismal: entre subir el alquiler un 2% o hacerlo un 10,8% (la inflación de julio, que supuso el techo del actual episodio de crisis de precios). Para un arrendamiento medio en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la localidad con los alquileres más costosos de España, la distancia entre ambos valores era de 97,5 euros mensuales, lo que multiplicado por las 12 mensualidades de alquiler supone un ahorro de 1.167 euros.

Los cálculos se basan en el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, cuya última referencia es de 2020. Con esos importes, se han actualizado las rentas conforme al IPC de 2021 y después, para cada mes desde abril de 2022 (cuando entró en vigor el tope) se han realizado dos estimaciones: una incrementando el arrendamiento un 2% y otra conforme al dato de inflación de cada mes. La diferencia entre esos dos datos es la estimación del ahorro medio, y se ha obtenido para todas las comunidades autónomas, las seis ciudades más pobladas y los municipios más caros (Pozuelo de Alarcón) y más barato (Yecla, en Murcia) de España.

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La medida anticrisis para los alquileres anunciada por el Gobierno

En general, el pasado verano fue cuando el límite del 2% más ayudó a moderar los alquileres, porque fue también cuando la inflación estaba más disparada. Tomando como referencia las rentas medias de todas las comunidades autónomas, los inquilinos madrileños que vieron actualizar sus alquileres entre junio y agosto pudieron economizar anualmente más de 700 euros. Para los de Baleares o Cataluña, el ahorro suponía más de 600 euros al año, es decir, 50 euros al mes. En el extremo opuesto, el territorio con la vivienda más barata, Extremadura, rozó ahorros de 400 euros anuales. Pero estos han dejado de ser tan jugosos conforme los avances del IPC se han moderado. El pasado noviembre, por ejemplo, en Extremadura el ahorro medio suponía unos 222 euros, mientras que el de Madrid sería de 425 euros.

En el caso de las grandes ciudades, las diferencias más sustanciales se han producido, lógicamente, en las más caras. En Barcelona, en verano el tope del 2% llegó a suponer un ahorro cercano a los 900 euros para los arrendatarios que debían actualizar la renta con el IPC de julio, y en Madrid sobrepasó los 800 euros anuales. Pero también el resto de ciudades que superan el medio millón de habitantes (Valencia, Sevilla y Málaga), con la excepción de Zaragoza, se anotaban entonces ahorros medios de más de 500 euros. A finales de año, estos se han moderado: en las dos mayores urbes se sitúan entre los 450 y los 500 euros; en Málaga y Sevilla supera los 350 euros, en Valencia los 315 euros y en Zaragoza no llega a los 300. En Yecla, el municipio más barato, sería de algo más de 14 euros mensuales, unos 170 euros al año.

Estas son cifras más parecidas a las que se verán en adelante, si la inflación evoluciona como se espera: a la baja. Conforme más atenúe sus progresiones el IPC, menor será el diferencial con el límite del 2%. Este, como se concibió a finales del pasado marzo, se aplica solo a contratos en vigor y no a los nuevos alquileres, en los que el importe se fija libremente en lo que acuerden las partes. El tope se aplica al vincular la actualización de las rentas al Índice de Garantía de Competitividad, un indicador que en su día introdujo el PP en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero que en la práctica apenas se usaba. Lo normal era referenciar el contrato a la inflación, que durante años no había superado el 2%, hasta que la recuperación de la pandemia y la guerra en Ucrania pusieron patas arriba la economía.

Nueva prórroga de seis meses

La novedad del nuevo decreto es que, además, la medida beneficiará temporalmente a inquilinos a los que se les acabe el contrato. Ahora estos, una vez superados los años de duración obligatoria del contrato (cinco si el casero es un particular y siete si es una empresa), podían verse forzados por el arrendador a firmar un nuevo contrato, lo que significaba que el precio podía subirse libremente. Para evitar este efecto en un contexto de carestía general, el Ejecutivo ha aprobado una medida que copia una solución que se aplicó durante la pandemia, cuando los confinamientos impedían salir a buscar casa. El acuerdo, alcanzado después de que Unidas Podemos se comprometiera con colectivos como los sindicatos de inquilinos a “congelar los alquileres”, consiste en una prórroga extraordinaria. Todos los inquilinos que vean finalizar sus contratos entre este miércoles (el día en que ha entrado en vigor el nuevo paquete de medidas anticrisis) y el 30 de junio de 2023 tienen derecho a quedarse en la vivienda seis meses más. En ese tiempo se les aplicarán las mismas condiciones de su contrato, lo que significa que, si la actualización anual estaba contemplada entre las cláusulas, la renta podrá subir un 2%.

La decisión añade sal a la herida de los caseros. Asociaciones como Asval, que agrupa a grandes propietarios de vivienda de alquiler y también a algunos particulares, se han quejado reiteradamente de tener que soportar una medida que reduce la rentabilidad de la vivienda en arrendamiento y que para el Estado, al no compensar esas pérdidas, sale gratis. Otro argumento repetido en el sector inmobiliario es que estas medidas causan temor en los arrendadores y acaban provocando que se alquilen menos casas, lo que encarece la vivienda. “Las medidas anunciadas son excelentes noticias para los inquilinos actuales y no pueden ser peores para los que busquen casa a partir de enero”, resumió este martes Francisco Iñarreta, portavoz de Idealista. En el extremo opuesto, los sindicatos de inquilinos suelen recordar que son los arrendatarios los que soportan la inflación relacionada con la vivienda (ya que suelen pagar también los suministros habituales), aunque se quejan de que la medida es “insuficiente”. Estas organizaciones reclaman que los precios de alquiler se limiten por ley y que se apliquen topes también a los nuevos contratos.