La UE se prepara para una carrera de subsidios con EE UU y China en la transición ecológica

La alarma sonó en Bruselas este verano. El plan estrella de la Administración de Joseph Biden para impulsar la transición energética en Estados Unidos contenía medidas proteccionistas basadas en ayudas públicas y con un alto potencial para atraer inversiones que, en principio, podrían localizarse en Europa. Con China, una economía intervenida por el Estado hasta la médula, ya hace tiempo que se encendió la alerta. La Unión Europea debe responder si no quiere quedarse descolgada en esta revolución verde y digital que amenaza con hacerle perder competitividad. ¿Cómo? Aquí acaba el consenso y, para empezar a construirlo, los líderes europeos quieren estudiar propuestas rápido, en enero. Se lo han encargado a la Comisión Europea, al mismo tiempo que se comprometen a que el próximo lunes sus ministros de Energía lleguen a un acuerdo sobre el tope a los precios del gas, según figura en las conclusiones del Consejo Europeo celebrado este jueves.

La solución pasa por un equilibrio difícil. Por un lado, Bruselas debe agilizar los procesos por los que se conceden ayudas de Estado a las empresas. Esto se podía escuchar en casi cualquier delegación este jueves. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lleva días diciéndolo abiertamente. Y se lo ha trasladado a los presidentes de Estado y Gobierno en una carta remitida este miércoles: “Tenemos que facilitar la inversión pública para impulsar esta transición sin precedentes”. Y apuntaba a simplificar las ayudas de Estado para energías renovables, procesos de descarbonización industrial o productos estratégicos en la transición (baterías). “La UE es líder en tecnología limpia, quiere el liderazgo y que las empresas sigan invirtiendo aquí”, ha añadido.

En el otro lado de la balanza está el mercado único y la desigual capacidad fiscal de los Veintisiete para repartir ayudas entre sus empresas. Alemania, como ya ha demostrado durante esta crisis, puede tirar de chequera. Anunció un plan anticrisis de 200.000 millones de euros que levantó críticas en Bruselas, París, Roma, Varsovia o Budapest. Sus bonos con la máxima calificación crediticia en los mercados y un volumen deuda pública cercana al 60% del PIB le dan margen. Otros como Holanda, Finlandia o Dinamarca también lo tienen. En cambio, hay países que no disponen de esa capacidad.

“Necesitamos una concurrencia igualitaria y defender nuestro proyecto de tecnología verde”, ha reclamado el presidente francés, Emmanuel Macron, admitiendo implícitamente donde está su debilidad. No está solo. Lo mismo sucede con Italia, Grecia o Bélgica. “Parece un juego sobre quién tiene el bolsillo más grande. Al final tenemos presión de Estados Unidos y necesitamos una repuesta que respete el mercado único, que es nuestro mayor bien y tenemos que preservarlo”, ha añadido el primer ministro belga, Alexander de Croo. España cree que tiene margen: si nada se tuerce, antes de 2026 debería disponer de cerca de 100.000 millones adicionales procedentes de Bruselas entre el plan de Recuperación y el plan Repower más lo que ya tiene concedido de la primera parte del fondo para salir de la crisis de la covid-19, cerca de 70.000 millones.

En ese bloque, crecen las voces de los que piden una respuesta similar a la que hubo con el coronavirus. A saber: una herramienta de financiación común que permita a todos responder con cierta igualdad sin que esto dependa de la potencia presupuestaria de cada cual. “Hay que mantener la igualdad de condiciones [en el mercado único]”, ha asegurado Von der Leyen. Ella, de momento, habla de un fondo soberano que impulse las inversiones para el medio plazo y, para el inmediato, ya están los 300.000 millones ya presupuestados para el plan RepowerEU. Sobre ese fondo soberano falta saber si en Bruselas se piensa que hace falta poner dinero nuevo sobre la mesa —financiado con endeudamiento común como el Fondo de Recuperación—, o si basta con reorientar partidas ya presupuestadas. Hace una semana el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe, respondía a EL PAÍS que “solo hay consenso para usar las herramientas ya acordadas”. Puesta la frase del revés, el irlandés venía a admitir que será difícil pactar un fondo con nuevos recursos. Si finalmente se abre el debate, es fácil suponer cómo se alineará cada Estado.

Las posiciones se parecerán mucho a las que ya hay dibujadas sobre el mecanismo de corrección de los precios del gas. Desde que el Ejecutivo Europeo planteó su propuesta inaplicable, se han visto dos bandos claros que, por otra parte, se parecen bastante a los históricos en las últimas décadas: los países del norte y los del sur. Los primeros, con Alemania, Holanda o Austria, no quieren ningún tipo de límite sobre los precios del gas, pero ahora que ya está sobre la mesa apuestan por un diseño que priorice, por encima de todo, la seguridad de suministro, independientemente de cuál sea el precio a pagar. Los segundos, entre los que destaca España, aunque también están Francia, Portugal, Polonia o Italia, defienden un mecanismo que sea operativo y pueda entrar en vigor si la cotización de este combustible llega a los niveles del pasado agosto.

El Consejo Europeo finalmente ha abordado el debate, pero no ha bajado —que se sepa— a los detalles. Se piensa que es algo muy técnico para que lo aborden los propios líderes de los 27 Estados miembro. La solución ha sido comprometerse a que sus ministros de Energía lo resuelvan el próximo lunes, “fortaleciendo la solidaridad a través una mejor coordinación de las compras de gas, especialmente con la plataforma conjunta de compras de la UE, intercambios transfronterizos de gas e índices de precios fiables”.