Portugal elimina la evaluación ambiental para algunas plantas de energías renovables

El Gobierno portugués quiere acelerar la transición energética aunque eso signifique relajar el control sobre el impacto de algunos nuevos proyectos en el medio ambiente. El primer ministro António Costa ha presentado esta tarde el primer paquete de licencias Simplex, que altera las normas sobre supervisión ambiental que estaban vigentes hasta ahora y que agilizará el desarrollo de inversiones en el campo de las renovables de forma que se pueda alcanzar el objetivo que se ha fijado el Gobierno luso: alcanzar el 80% de la producción energética con fuentes renovables en 2026. “Para que ocurra tenemos que acelerar la capacidad de producción de las energías renovables y para eso necesitamos simplificar los procedimientos para esas inversiones”, defendió el primer ministro durante un acto celebrado en las nuevas plantas solares de Iberdrola en Alcochete.

A finales de 2021 la producción de energía de fuentes renovables en Portugal era el 59% del total. Costa recordó que fue el primer país del mundo que se comprometió a alcanzar la neutralidad carbónica en 2050. “Estas medidas responden a los principales desafíos ambientales que vivimos y contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Simplificamos pero no desprotegemos”, afirmó el ministro de Medio Ambiente y Energía, Duarte Cordeiro.

Con el nuevo procedimiento, ni los proyectos para producción de hidrógeno verde ni las plantas solares que ocupen menos de 100 hectáreas ni las torres eólicas que estén separadas más de dos kilómetros tendrán que someterse a evaluación ambiental, lo que ahorrará burocracia a los promotores industriales en las zonas que carezcan de protección ambiental. Pero lo que es una buena noticia para el sector energético es pésima para las asociaciones ecologistas como Zero, que lamenta la medida: “Es una visión típica del siglo pasado, donde el debate se hacía entre medio ambiente y economía con una lógica de exclusión. Hace mucho que esta visión ha sido superada y hoy se reconoce la importancia de muchos instrumentos ambientales como garantía de sostenibilidad”.

La relajación normativa se extenderá a otros ámbitos como la modernización de las vías ferroviarias, que se consideran esenciales para el desarrollo de un modelo de transporte menos contaminante, o la renovación de licencias en industrias activas que ya se sometieron en el pasado a la evaluación ambiental.

La presentación de las licencias del Gobierno luso se realizó en Alcochete, donde Iberdrola acaba de construir dos plantas solares (46 megavatios) que incorporan módulos bifaciales y permitirán aumentar un 30% la producción de energía. Cuando comiencen a funcionar podrán atender la demanda energética anual de 26.400 hogares, según estimaciones de Iberdrola.

La compañía española tiene en marcha varios proyectos energéticos, entre los que destaca la gigabatería del Támega, una gran obra de almacenamiento hidroeléctrico en la que se invirtieron más de 1.500 millones de euros, inaugurada el pasado julio. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, aseguró que la compañía invertirá 3.000 millones en los próximos años en nuevos proyectos eólicos, solares y de almacenamiento, que se sumarán a los 2.000 millones que ya están en marcha. Galán elogió las decisiones del Gobierno portugués para facilitar la transición energética. “Las nuevas iniciativas muestran el claro liderazgo de Portugal”, dijo.