El Gobierno fía a la inversión europea la cuadratura de los últimos Presupuestos de la legislatura

La economía se desacelera por los cortes de suministro del gas ruso, la pérdida de poder adquisitivo que provoca la inflación y las subidas de tipos. Sin embargo, el Gobierno espera que para el año que viene la inversión sea el motor de la actividad. Según figura en las previsiones del cuadro macro, esta crecerá cerca de un 10%, en gran medida gracias al tirón de los fondos europeos. Estos han tardado en ejecutarse hasta ahora. Pero el Ejecutivo cuenta con que 2023 sea el año en el que se note su impacto con toda su intensidad. Hasta el punto de que en ese ejercicio el PIB habría subido su nivel un 2,6% solo por lo que se haya desembolsado entre 2021 y 2023, según cálculos del Ministerio de Economía. En los tres últimos Presupuestos figuran unos 25.000 millones de ayudas comunitarias en cada uno de esos años. En el fondo, el Gobierno espera que el año que viene se concentre su ejecución y lleguen por fin con fuerza a la economía real, lo cual permite pintar un crecimiento del PIB del 2,1% y de los ingresos del 6%, impulsados por la inflación.

Estos datos de inversión, sin embargo, casan mal con una acusada ralentización del empleo: según las previsiones del Ejecutivo, pasa de crecer un 3% este año a un escaso incremento del 0,6% el que viene. Por un lado, la inversión se dispara; por otro, se admite una importante desaceleración del mercado de trabajo, algo que en parte es lógico una vez se ha batido el récord de 20 millones de afiliados y se encara un final de año plagado de incertidumbres.

El Gobierno pretende potenciar con los fondos europeos la digitalización de la economía, el I+D, la industria, la transición energética y la rehabilitación de vivienda. No obstante, la Autoridad Fiscal (Airef) se muestra escéptica sobre el efecto de las ayudas comunitarias. En su primera evaluación de estos presupuestos subraya que tendrán un peso menor. Economía estima que habrán contribuido en 0,7 puntos a la subida del PIB en 2021, y que lo harán en 1,9 puntos en 2022 y en 2,8 en 2023. En cambio, la institución encargada de velar por las cuentas públicas calcula un efecto nulo en el primer ejercicio, de 0,8 puntos en el segundo y de 2 puntos en el tercero. Sea cual sea el impacto, el año que viene los fondos europeos serán determinantes en el comportamiento de la economía y, por tanto, en el cumplimiento de los próximos Presupuestos. El Ejecutivo tendrá que luchar contra el historial de baja ejecución que ha tenido hasta ahora.

Es más, aunque la Airef avala la previsión de crecimiento del Gobierno del 2,1%, señala que la suya es del 1,5% para el año próximo. Y que incluso esta última se encuentra sometida a importantes riesgos. El organismo advierte sobre el deterioro de las economías europeas, un encarecimiento del gas superior al asumido por el Ejecutivo, la crisis energética, las tensiones geopolíticas, el empeoramiento de la capacidad de compra por la inflación y un endurecimiento de las condiciones de financiación.

De hecho, el consenso de los analistas anticipa una caída del PIB en el cuarto trimestre que puede complicar que en 2023 se logre el crecimiento del 2,1% proyectado en las cuentas públicas. El cuarto trimestre tiene un importante efecto arrastre en el cálculo del año siguiente debido a la manera en que se mide el PIB: se usa la media del crecimiento interanual de los cuatro trimestres, lo que implica que los últimos tres meses del año anterior tienen mucho peso en el resultado final. Tendría que crecer mucho más la actividad durante 2023. A día de hoy, parece difícil alcanzar el crecimiento que vaticina el Ejecutivo. Se necesitaría que los fondos entrasen con mucha fuerza y que la economía española resistiese ante el empeoramiento exterior. De momento, los contratos de futuros del gas apuntan a que el precio seguirá alto el año que viene porque habrá que rellenar las reservas una vez pase el invierno.

El gasto total de la Administración central aumentará en unos 32.000 millones, un 7,6%. De este incremento, dos tercios se corresponden con los 19.000 millones que subirán las pensiones. Y además se suman los mayores desembolsos por funcionarios, intereses, subvenciones al transporte, gasto militar, sanidad, dependencia, ingreso mínimo, becas, acogida de refugiados o el bono del alquiler. Solo cae la partida de prestaciones por desempleo, se recortan con fuerza los servicios de carácter general y se congelan las transferencias corrientes. Una vez se tienen en cuenta estos números, parece difícil que se cumpla la recomendación europea de limitar el gasto corriente. Solo pensiones y funcionarios, que son dos tercios de todo el gasto de las Administraciones, ya crecen por encima. Aun así, la ministra de Hacienda aseguró que se cumplirá con Bruselas. Pero todo apunta a que para ello no computaba la partida de pensiones, algo que sí hace la recomendación europea. El Gobierno está jugando a que en un momento de desaceleración europea la Comisión no va a presionar con esto. Y aprovecha para reforzar su escudo social frente a la amenaza de una recaída económica.

Un problema de estas cuentas es que una caída de la actividad interrumpa el buen comportamiento exhibido hasta ahora en la recaudación y descuadre los números de los Presupuestos. Otro riesgo que amenaza las previsiones del Gobierno son las condiciones de financiación. El Ejecutivo contempla que el gasto en intereses apenas despegue pese a las subidas de tipos.