Repsol califica de “infundada” la demanda del regulador peruano que le pide 4.500 millones de dólares por el derrame de enero
El país andino exige una indemnización a seis firmas involucradas en el desastre ambiental por daños a consumidores y perjuicio moral colectivo
Repsol ve “infundada” la demanda civil presentada en su contra por el regulador peruano de la competencia (Indecopi), que solicita una indemnización de 4.500 millones de dólares (4.320 millones de euros) por el derrame de crudo ocurrido el pasado 15 de enero en una instalación submarina de la refinería La Pampilla, propiedad de la petrolera española. La compañía considera que el accidente que provocó el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo frente a la costa fue causado por un brusco desplazamiento del petrolero Mare Doricum, que destrozó las mangueras y el sistema de descarga. Y ha iniciado, por su parte, acciones legales contra el armador del buque y su aseguradora.
Indecopi anunció el viernes una demanda por daños y perjuicios ante un juzgado civil de la Corte Superior de Lima contra todas las sociedades involucradas en el vertido: Repsol, la también española Mapfre (y su filial peruana), Refinería La Pampilla, Transtotal Agencia Marítima y Fratelli d’Amico Armatori. Esta última empresa, de origen italiano, es la propietaria del carguero Mare Doricum que transportaba el crudo de Brasil a Perú.
El presidente del regulador, Julián Palacín, afirmó que se trata de la primera demanda civil en representación de los “intereses difusos” de 700.000 afectados por el cierre de las playas y balnearios desde el inicio de la temporada de verano, y por la prohibición de pescar, a consecuencia de la polución y las posteriores tareas de limpieza en decenas de kilómetros de la costa. En una nota de prensa, Indecopi precisó que la cifra no solo incluye a quienes perdieron sus medios de vida a causa del derrame, sino también a “consumidores, usuarios y terceros”.
Este sábado, y a través de un comunicado de prensa, Repsol calificó la demanda civil de “infundada, improcedente e incongruente, porque no atiende a las causas del derrame, ni a las labores de limpieza ya completadas, ni a los cauces de atención a los afectados establecidos por la compañía, mediante la colaboración con el Gobierno peruano; y porque sus estimaciones carecen de la más mínima base que soporte las cifras señaladas”.
La petrolera española insiste en que el desastre ambiental “fue causado por el desplazamiento incontrolado del buque Mare Doricum, que produjo la rotura de la instalación submarina”, enumera las acciones acometidas para remediar el problema y subraya que, desde el pasado 13 de abril, “reportó a la autoridad competente peruana la culminación de las acciones de primera respuesta en 28 zonas del norte de Lima, declarándolas limpias, en espera de conformidad por parte de la autoridad”.
Un par de semanas después de esa fecha, sin embargo, algunos residentes del balneario de Santa Rosa —uno de los afectados por el derrame de crudo— reportaron un olor fétido en la costa, dolores de cabeza y náuseas, como en los primeros días del derrame. Trabajadores de Repsol y funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud fueron a revisar el área, después de que los pescadores encontrasen restos de petróleo enterrado en la arena y el lecho del mar contaminado.
Respuesta del regulador
Tras el comunicado de Repsol, el regulador peruano respondió con similares argumentos a los esgrimidos por la petrolera: sus explicaciones, decía, no tienen “fundamento jurídico, [el derrame] golpeó la economía de las personas y de mercados, cuyos rubros económicos giran en torno a los negocios de playa, pesca, turismo, restaurantes, comercio, recreación, entre otros”. E insistió al juez en tramitar la demanda. “Estamos ante una responsabilidad civil objetiva por el riesgo creado, y los daños estimados en perjuicio de los consumidores superarían los 3.000 millones de dólares más 1.500 millones por el daño moral colectivo”, agregó el presidente de Indecopi.
La fuga de unos 12.000 barriles de crudo afectó, según un informe de la Defensoría del Pueblo, a 46 playas y dos áreas naturales protegidas en un total de 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral. El desastre ambiental produjo la muerte de 900 especímenes de fauna registrados por el Estado, y otros cientos más reportados por pescadores y colectivos de voluntarios animalistas.
Convenios con pescadores y comerciantes
Un mes después del derrame de petróleo, la empresa empezó a firmar convenios con algunas asociaciones de pescadores y de pequeños comerciantes de los balnearios, a quienes entregó vales de supermercado por 130 dólares, por una o dos ocasiones. Unas 4.600 personas los recibieron, según las cifras de Repsol. Otros miles, sin embargo, aún no han obtenido nada y cientos de ellos aún dependen de las ollas comunes —que surgieron tras el derrame— para alimentarse, especialmente en los distritos de Ventanilla, Ancón (en Callao y Lima Metropolitana) y en la provincia de Chancay (región Lima).
La petrolera ha identificado a unos 5.500 afectados, a los que ha entregado más de siete millones de dólares como adelanto de reparaciones, tras un convenio firmado en marzo con el Gobierno peruano. En dicho acuerdo, la empresa y las autoridades del país andino se comprometieron a elaborar un padrón de damnificados. Varios gremios de comerciantes y pescadores rechazaron entonces el pacto, al no ser consultados.
