El reparto del accionariado y el papel de los gobiernos

La composición del accionariado y el papel de los gobiernos en la futura CEAD son los puntos más conflictivos de la negociación. El informe de los cuatro presidentes contiene algunos principios generales -por ejemplo, «la condición mínima es que ninguna parte pueda ejercer el control de la empresa» y «deben crearse medidas de protección contra posibles adquisiciones»-, pero, como reconoce, «no se ha hallado ninguna solución que satisfaga estos criterios».El problema parte de las diferencias en la propiedad de las empresas. Aeroespatiale (Francia) y CASA (España) son públicas; pero, mientras la segunda ha anunciado su privatización, no pasa igual con la primera. BAe (Reiuno Unido) y DASA (Alemania) son privadas, pero la británica tiene el accionariado muy repartido y el 94% de la germana es de Daimler-Benz.

Si, como está previsto, «la estructura del accionariado refleja el valor comercial que aporten las empresas matrices», lo que parte de una valoración que aún no se ha empezado a discutir, el Estado francés se convertirá en accionista de la CEAD, contra la opinión de los otros socios, para los que la compañía debe estar en manos totalmente privadas y cotizar en Bolsa.

Pero el problema no se limita a la dialéctica público-privado. La concentración de las acciones de DASA lleva a que Daimler-Benz se convierta en el accionista privado más fuerte de la CEAD, lo provoca los recelos británicos.

Por eso, se ha incluido un párrafo, de muy difícil instrumentación, según el cual «los intereses dispersos de un accionariado repartido (en alusión a BAe) no se verán en desventaja con respecto a los intereses concentrados de los accionistas propietarios de bloques (en alusión a DASA)».

El documento agrega que «los accionistas no podrán interferir en la gestión de la empresa más que en los casos en que las normas bursátiles exijan la consulta a la asamblea de accionistas».

Petición de CASA

Más delicado aún es el papel reservado a los gobiernos. Aunque se dice que «no habrá ningún derecho gubernamental que pueda limitar o interferir el control económico total por parte de los accionistas y la dirección de la empresa», se admite que los gobiernos «quiza deseen establecer sus derechos respecto al cambio en los procedimientos de control».Finalmente, CASA ha advertido que «es posible que su gobierno quiera tener ciertos derechos en relación con la protección de sus intereses nacionales y la independencia nacional (por ejemplo, centros de excelencia, activos industriales, lugares y niveles de empleo)». Sus socios le han pedido «una aclaración de este aspecto».