En el aire

EL EXPEDIENTE presentado por España en Bruselas para ampliar en 130.000 millones de pesetas el capital de Iberia, empresa controlada por el Estado a través de Teneo -titular del 99% de las acciones- sigue en el aire después de nueve meses de discusiones en Bruselas. Un parto que ya es definitivamente demasiado lento si se tienen en cuenta los graves problemas que acucian a la compañía aérea española de bandera. Tras semanas de intercambio de declaraciones cada vez menos corteses entre Bruselas y Madrid, el ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, ha decidido abandonar los eufemismos de la negociación y ha pasado del diálogo y las sugerencias a las acusaciones. A su juicio, el retraso es consecuencia. del "trato arbitrario" que la Comisión está dando a Iberia. La compañía ampliará capital con o sin el acuerdo de Bruselas y será el Tribunal de Luxemburgo quien después dirima. Se trata de un desplante políticamente arriesgado. La respuesta del comisario aludido, el británico Neil Kinnock, ha sido más sutil. Asegura que prefiere "resistirse a la tentación" de contestar a Eguiagaray. Pero tras esa sutileza británica se esconde una amenaza de gran calibre. Viene a sugerir Kinnock que si se pusiera a hablar en público del expediente de Iberia sería mucho peor para la compañía.Juegos de salón aparte, ya va siendo hora de que la Comisión hable claro. O acepta las peticiones españolas como una nueva excepción a sus propias reglas o las rechaza de una vez y explica el porqué. Ante los datos presentados por la parte española, Bruselas no ha opuesto públicamente argumentos convincentes. Ni siquiera argumentos que justifiquen la velada amenaza de Kinnock. Si el Gobierno español no falta a la verdad -y Bruselas hasta el momento no le ha desmentido-, el accionista de Iberia ha aceptado la condición previa que le ha impuesto la Comisión para una ampliación de capital "acorde con las reglas de mercado". Esa condición, políticamente muy dolorosa para España y comercialmente muy dura para Iberia, ha sido la de desprenderse de las filiales latinoamericanas, que, a juicio de Bruselas, son una amenaza para la estabilidad de la compañía: Aerolíneas Argentinas, Austral y Ladeco. Iberia ha aceptado el mandato comunitario de desembarazarse de ellas. La compensación a esa venta ha sido considerar a Iberia limpia de grandes riesgos a corto plazo, o lo que es lo mismo, una empresa "comercialmente competitiva" y en condiciones de recibir una inyección de capital de su accionista.

La discusión está ahora en cuánto capital considera Bruselas que es admisible inyectar. Madrid exige. 130.000 millones. Bruselas admite menos de 80.000 millones de pesetas. Según Eguiagaray, la Comisión exige a la inversión en Iberia una tasa de retorno del 40%, frente a una media del 20% en el conjunto del sector y precedentes de operaciones similares -aunque a menor escala- en las que el propio Neil Kinnock ha autorizado ampliaciones de capital con una rentabilidad del 13,38%. Es el caso de la modesta compañía francesa AOM, filial de la banca pública francesa Crédit Lyonnais. Las presiones enormes que están ejerciendo los competidores de la compañía es pañola para garantizar la libre competencia -o para acabar con Iberia, según se mire- encabezadas, por la muy privada British Airways, adalid europeo de la lucha contra las ayudas públicas en el sector, son lógicas. Pero exigen a la Comisión Europea un ejercicio de imparcialidad que no sólo ha de ser real, sino pare cerlo. Ni los desplantes ni las amenazas veladas de una y otra parte parecen el mejor camino para resolver este importante asunto. Al ministro de Industria le gustan demasiado los órdagos. Pero la Administración comunitaria, con superiores competencias, debe evitar la sensación de que actúa arbitrariamente. Por que, siempre le duelen las excepciones en lo que a ayudas públicas se refiere. Ya se sabe. Pero hay algunas que le duelen menos que otras.