Fujimori suprime la democracia en Perú por decreto y con apoyo militar
Cinco carros de combate rodeaban el Congreso peruano al caer la noche de ayer. La calma de los fusiles y los militares reinaba en Lima y en el conjunto de Perú horas después del golpe de Estado institucional del propio presidente de la República, apoyado por los militares. Alberto Fujimori, de 54 años, anunció la disolución "temporal" del Parlamento, la formación de un Gobierno de emergencia, la "reorganización" del poder judicial y la preparación de una nueva Constitución, que deberá ser aprobada por plebiscito.
Tras 20 meses de una presidencia marcada por conflictos permanentes con los poderes legislativo y judicial, Fujimori anunció, en un mensaje a la nación pronunciado en la noche del domingo (seis de la madrugada del lunes, hora peninsular española), unas medidas que transforman al presidente en un dictador civil.
Entre los detenidos tras el golpe se encuentra el corresponsal de EL PAÍS en Lima, Gustavo Gorriti.
Fujimori justificó las medidas por su voluntad de moralizar la justicia, modernizar la Administración y pacificar el país reprimiendo el terrorismo y el narcotráfico. Acusó a todas las instancias de poder de bloquear todas sus propuestas de cambio.
El rey Juan Carlos manifestó ayer su "preocupación" por los sucesos y expresó su deseo de que Perú resuelva sus problemas "dentro del marco de la democracia". Por su parte, el escritor Mario Vargas Llosa, que disputó la presidencia a Fujimori en 1990, prometió luchar para que "el usurpador y sus cómplices" sean castigados.
Al menos dos policías murieron en la mañana de ayer en Lima, en el primer atentado tras el golpe de Estado.
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El Ejército apoya el golpe institucional en Perú
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"Perú no puede continuar postergando indefinidamente cambios socioeconómicos fundamentales y necesita no un parche o una reforma parcial, sino una profunda transformación", concluyó Alberto Fujimori para justificar sus medidas de fuerza.
El presidente peruano recibió de inmediato el apoyo de las Fuerzas Armadas. Los comandantes en jefe del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de la Policía hicieron público un comunicado en el que le mostraban su "más decidido respaldo y apoyo". "Ante la situación que vive el país, estamos absolutamente convencidos de que, para corregir la crisis institucional en los poderes legislativo y judicial, se requiere tomar medidas inmediatas de emergencia con el fin de lograr la reconstrucción del país", señalaba el texto. "Estamos convencidos", proseguían los jefes militares, "de que los procedimientos considerados en la legislación actual no permiten la eliminación de la corruptela, la ineficiencia y los intereses de las cúpulas encaramadas en ambos poderes".
El golpe institucional no tomó por sorpresa a las Fuerzas Armadas. Antes incluso del discurso presidencial, patrullas militares empezaron a desplegarse por las calles de Lima. Poco después de éste, ocuparon las sedes de los principales diarios y agencias de información extranjeras, oficialmente con la intención de "asegurar su protección", e impusieron una férrea censura. El control se extendió a los informativos de radio y televisión, que se limitaron a difundir los comunicados oficiales emitidos por el Gobierno y las Fuerzas Armadas. La única emisora que logró propalar información abiertamente crítica hacia el golpe, Radio Antena Uno, fue clausurada por, efectivos militares. La calma, sin embargo, parecía total en las calles de la capital.
Óscar de la Puente, un abogado de 52 años, fue nombrado ayer nuevo primer ministro del "Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional" peruano, instituido el domingo por Fujimori, en sustitución de Alfonso de los Heros, que presentó ayer su renuncia. Un gran número de parlamentarios peruanos declaró ayer vacante la jefatura del Estado y propusieron como nuevo presidente al actual primer vicepresidente, Máximo San Rómán. Por otra parte, el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, que se encuentra de visita en Perú, decidió ayer cancelar una reunión prevista con Fujimori y regresar a Washington.
Según algunas informaciones, varios dirigentes políticos se encontraban, entrada ya la noche, en detención domiciliaria. Era el caso del presidente del Senado, Felipe Osterling, quien proclamó que "Ios peruanos tiene ahora el derecho a la insurgencia", y anunció su intención de convocar, a pesar de todo, al Congreso. La misma suerte corría el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar.
Las informaciones eran contradictorias, en cambio, respecto del líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y ex presidente de la república, Alan García. Un miembro de su guardia de seguridad declaró que el antecesor de Fujimori se encontraba libre, mientras un portavoz del APRA señalaba que García había escapado de su detención domiciliaria y "pasado a la clandestinidad". Ayer se supo que los tres hijos de García (el mayor de 3 años y el mayor de 16) se encontraban bajo vigilancia militar.
Popularidad del APRA
Muchos observadores, recalca el corresponsal de la agencia Efe en Lima, Francisco Figueroa, consideran, de hecho, que el APRA constituye uno de los objetivos principales de este virtual golpe de Estado. Las dificultades encontradas por Fujimori desde su llegada a la presidencia han devuelto al partido fundado por Victor Raúl Haya de la Torre gran parte de la popularidad que había perdido durante el mandato de Alan García, entre 1985 y 1990. En estas condiciones, el APRA empezaba a aparecer otra vez como una posible alternativa frente al cada vez más desgastado Fujimori. Los intentos de involucrar a García ante la justicia en manejos ¡legales de fondos públicos también fracasaron.
