El Gobierno aprueba el caudal ecológico para el Tajo e insiste en la desalación para paliar la reducción del trasvase

El Gobierno ha aprobado este martes la planificación hidrológica de las 12 cuencas de los ríos que son de su competencia por extenderse por varias comunidades autónomas. Los planes de cuenca, que se deben actualizar periódicamente, son la hoja de ruta que regirá los distintos usos del agua que se le da de aquí a 2027. Y el principal de ellos —con un consumo de alrededor del 80% de los recursos— es la agricultura de regadío. De todos estos planes, el más sensible es el que afecta al río Tajo. Por primera vez, el Ministerio para la Transición Ecológica ha fijado un caudal ecológico para este río, como le exigían cinco sentencias del Tribunal Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas desde hace 22 años. Pero establecer ese caudal —algo así como un mínimo de agua que debe circular— tiene consecuencias más allá de la cuenca, en Alicante, Murcia y Almería. Porque ese caudal reducirá la cantidad de agua que se trasvasa desde la cabecera del Tajo al Mediterráneo y que se usa para consumo doméstico, pero fundamentalmente para regar los cultivos.

El Gobierno, pese a las presiones en contra desde las comunidades afectadas y con el apoyo de Castilla-La Mancha, ha aprobado finalmente la fijación de ese caudal. El punto de control más importante es Aranjuez, donde se establecerá un mínimo, aunque de forma progresiva. Para 2023 deberá ser de 7 metros cúbicos por segundo, en 2026 subirá a 8 metros cúbicos y en 2027, a 8,6.

Menos agua trasvasada

Al fijarse ese mínimo de agua que puede llevar el río habrá consecuencias, porque se trasvasará menos agua previsiblemente al Levante. Todo dependerá de lo que llueva para saber cómo de grande será el recorte, pero en un contexto de crisis climática en el que los recursos disponibles ya se están reduciendo y se reducirán más en el futuro, el panorama no es favorable para los cultivos de Almería, Murcia y Alicante. Al menos, si su intención es que el trasvase siga siendo la piedra angular de su sector. Fuentes del Gobierno estiman que el trasvase podría reducirse en una horquilla de 70 a 110 hectómetros cúbicos anuales en el peor de los escenarios (el trasvase medio anual ronda los 320 hectómetros cúbicos). Pero, para suplir esta caída, el ministerio apuesta por el agua desalada.

El Gobierno afirma que en estos momentos hay en marcha inversiones para aumentar la capacidad de desalación y conseguir en 2026 esos 110 hectómetros cúbicos que se perderían con la fijación del caudal ecológico. Pero el problema no sería ya de cantidad, sino de costes, porque los agricultores de las comunidades afectadas sostienen que el agua desalada es mucho más cara (entre tres y cuatro veces) que la que les llega desde el Tajo por el acueducto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica sostienen que ese plan de desalación que tienen en marcha ―cuyo coste ronda los 600 millones— contempla también que todas las instalaciones que producen el agua contarán con plantas fotovoltaicas asociadas para reducir el coste de la desalación, ya que es la energía que se requiere lo que más encarece el precio final. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este martes que tienen previsto establecer además un precio máximo de 34 céntimos de euro por metro cúbico para abaratar más el agua desalada. Ribera, que ha intervenido en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, ha recordado que el compromiso es que no haya un “precio desorbitado”, sino “asumible”.

Consciente de la tormenta política que puede generarse en Valencia, la vicepresidenta ha querido hacer una mención a su compañero de partido Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y ha defendido una política de “diálogo constante” con las comunidades afectadas. Pero Ribera ha enfatizado que “no se deberían cuestionar las sentencias”, en referencia a los pronunciamientos del Supremo sobre la necesidad de fijar los caudales ecológicos. “Debemos anticiparnos a un escenario problemático”, ha insistido en referencia también a la reducción de la disponibilidad de agua, también en el Tajo, debido al calentamiento global. La vicepresidenta ha recordado que desde 1980 se ha reducido ya el agua disponible en las cuencas de España un 12%. Y los escenarios que se plantean son “cada vez más duros”. Además, Ribera ha apuntado a que en 2017 y 2018 el trasvase estuvo ya cerrado (con la normativa aprobada por el PP) 11 meses debido a la falta de lluvias y el bajo nivel de los embalses, una situación que se prevé que pueda cronificarse.

Retoques finales

El Consejo de Estado informó favorablemente la semana pasada sobre la nueva planificación hidrológica que este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros. También, del trasvase del Tajo, aunque incluyendo algunas recomendaciones sobre el futuro establecimiento de los caudales ecológicos y la coordinación de las medidas que se toman en esta cuenca y que pueden afectar a otras zonas, como el Levante. Fuentes de Transición Ecológica aseguran que tras esas recomendaciones del Consejo de Estado se han retocado los textos, pero solo en cuestiones de forma y no de fondo.

Una de las últimas batallas libradas desde las comunidades mediterráneas fue por la inclusión de una cláusula que permitiera que la fijación final de los caudales estuviera abierta y condicionada a la elaboración de un informe de situación del río en 2025. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que en el texto final aprobado no se contempla ”una aplicación condicionada” de los caudales, que son los que ya estaban previstos cuando se empezó a tramitar la nueva planificación. El ministerio defiende que solo faltaban las cuencas del Ebro y del Tajo por tener estos caudales ecológicos, que buscan que mejore la mala calidad de las aguas de los ríos del país.

Mejorar el estado de los ríos

Partiendo de esa reducción del 12% del agua disponible en los ríos españoles desde 1980 y de lo que pronostican los modelos de evolución de la crisis climática, los planes de cuenca aprobados este martes contemplan por primera vez “un cambio de tendencia en el uso de los recursos”, explica Transición Ecológica a través de un comunicado. “En concreto, se reducen las asignaciones para los distintos usos, pasando de los 28.000 hectómetros cúbicos anuales que marcaba la anterior planificación a 26.800”. Además, defiende el ministerio, “para diversificar las fuentes de obtención del recurso se dota de mayor protagonismo a la desalación, de forma que se garantiza el suministro y se equilibran las demandas y los requerimientos medioambientales”.

Además de garantizar los usos del agua, el objetivo de los planes de cuenca también es mejorar el estado de los ríos y otras masas, que no es buena. Y una de las razones es la deficiente depuración que se realiza en España de las aguas urbanas, que ha motivado que el país pague la mayor multa de su historia a la Unión Europea. El presupuesto total que se contempla en los planes de cuenca aprobados es de 22.844 millones de euros (de los que el 46,7% son financiación estatal y el resto de comunidades autónomas y entidades locales). La mayor partida —6.643,67 millones— es la destinada a las infraestructuras de depuración y saneamiento. Entre otras cosas, se pretende evitar que España vuelva a ser sancionada por los expedientes comunitarios que tiene abiertos todavía por verter las aguas sin depurar suficientemente a los ríos.

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