Ya está aprobado en el BOE: el lobo no se puede cazar en España
El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la orden ministerial por la que la especie deja de ser cinegética
Desde mañana, el lobo (Canis lupus) ya no se considera una especie cinegética (animales que se pueden cazar y pescar) en el conjunto del territorio nacional, como indica la orden del Ministerio para la Transición Ecológica publicada este martes en el BOE. El cánido deja así de ser un trofeo de caza y deberá ponerse fin a subastas como las de la Sierra de la Culebra (Zamora), en las que se han llegado a pagar 6.000 euros por abatir a un ejemplar. Hasta ahora, este carnívoro se podía cazar al norte del río Duero y estaba estrictamente protegido al sur de esa frontera, donde solo se podía capturar algún ejemplar con permisos especiales y en el caso de que se hubiera demostrado su conflictividad con el ganado. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, las comunidades autónomas en las que habita el 95% de la población de la especie, además de las asociaciones ganaderas, han mostrado su disconformidad con la medida. En la actualidad, se estima que vive en España una población de entre 2.000 y 2.500 animales, que se distribuyen en 297 manadas.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha cumplido el plazo dado como último (25 de septiembre) para incorporar a la especie dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el que se incluyen las poblaciones que necesiten una protección particular por su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza. La propuesta partió de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), a pesar de los ataques de ganaderos y Gobiernos regionales continuó adelante. Su presidente, Ignacio Martínez, valora la orden ministerial de forma “muy positiva” y como un “primer paso trascendente que supone el fin de los planes y programas de muerte de las comunidades autónomas”.
A partir de ahora, la captura de un lobo solo se podrá producir bajo unas circunstancias determinadas y siempre será selectiva. Tendrán que contar con una autorización administrativa concedida por la comunidad autónoma correspondiente, siempre que se hayan aplicado por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas para proteger al ganado y estas hayan demostrado que no son efectivas. Tampoco debe afectar negativamente a la conservación favorable de la especie. “Van a tener que justificar que hay muchos daños y que no hay otra forma de parar los ataques, algo que no es verdad”, concreta Martínez. La organización Ascel sigue luchando porque se catalogue a la especie como vulnerable, lo que implicaría que, además de la prohibición de la caza, la adopción por parte de los Gobiernos regionales de otro tipo de actuaciones para asegurar la conservación de la especie.
Por su parte, WWF también ha manifestado su satisfacción, pero considera fundamental la aprobación “urgente” de la Estrategia de conservación y gestión del lobo. El ministerio indica en el BOE que dicha aprobación “deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2021″. En un comunicado subrayan que esta nueva etapa debe estar centrada en “conservar las poblaciones de lobo, apostando por una coexistencia efectiva con la ganadería, en lugar de matando a lobos de forma indiscriminada”. Hasta ahora, en España se capturaban cada año de forma legal unos 100 lobos.
Las comunidades anuncian acciones legales
Juan Carlos Suárez-Quiñores, consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, la comunidad en la que más lobos habitan, ha declarado esta mañana que están “radicalmente en contra de esa iniciativa. “Va a suponer un perjuicio enorme el dejar de gestionar las poblaciones de lobo con la caza”, porque se van a “incrementar los daños en la ganadería extensiva, además de favorecer la despoblación”, al existir el peligro de abandono de la actividad ganadera. Suárez-Quiñones ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la orden. También pedirán la suspensión de su eficacia por los daños que causa a su territorio. Lo harán de forma coordinada con el resto de comunidades afectadas: Galicia, Asturias y Cantabria, que presentarán sus propios recursos.
Las principales organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA se suman a las críticas. Acusan al Gobierno en un comunicado de tomar una medida “urbanita e irresponsable” y piden la dimisión de la ministra Teresa Ribera. “Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección”, señalan. “No permitiremos que nos condenen a la extinción. Trabajaremos por que en el campo siga habiendo vacas, cabras, ovejas, caballos y demás animales. Y no solamente lobos”, advierten.
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