¿Cómo podemos ayudar a la ciencia española?

Vivimos en una sociedad tecnológica. No hay un solo aspecto de nuestro día a día que no se beneficie del arduo camino, paso a paso, que la ciencia y la innovación han ido construyendo para nosotros en los laboratorios, universidades, hospitales y empresas de tecnología. Tenemos acceso a agua limpia, no nos cortan los brazos por gangrenas y nos pueden detectar un cáncer maligno con algo llamado campo magnético, accedemos vía satélite a la información del tiempo y encima nos cabrea cuando se confunden aún estando dentro del margen de error en sus predicciones, viajamos en coche, barco y avión, nos vacunamos contra los virus y nuestras madres no mueren de manera sistemática al parir.

La ciencia es fundamental para que una sociedad avance en conocimiento pero también en igualdad y justicia. En España, la actividad científica se rige por la llamada Ley 14/2011 de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que en estos meses está siendo revisada después de una década de vigencia. Hace pocos días se publicó el anteproyecto de ley de modificación de dicha ley, abierto a participación pública hasta el 26 de enero. Partiendo de nuestra condición de científicos, hemos identificado tres niveles de mejora para este anteproyecto: las condiciones laborales del personal científico, el entorno de la investigación y la provisión y gestión de los recursos. En nuestra opinión, el texto del anteproyecto no llega suficientemente lejos y debería ser modificado para ayudar a solucionar los problemas que exponemos a continuación.

Vivimos en una sociedad que olvida que la ciencia la hacen las personas. Hombres y mujeres con contratos precarios, temporales y mal pagados que viven con las maletas sin deshacer, las suyas y las de sus familias, si es que aguantan la incertidumbre vital. Con una tasa altísima de abandono de la carrera investigadora por parte de las mujeres porque, como siempre, son las más maltratadas por el sistema. Y con científicos ya establecidos que tenemos que hacer el pino-puente porque nos ahoga una burocracia que no está diseñada para la investigación, que es inflexible y en la que el tamaño de letra equivocado en la presentación de un currículum puede excluir a un investigador principal de un proyecto, o una frase puede retrasar meses la contratación de un investigador excelente. La ciencia española es buena, muy buena, con aspectos a mejorar como en todos los ámbitos, pero se ahoga porque exprime a sus investigadores y docentes universitarios hasta niveles nunca vistos en ese extranjero del que tanto nos gusta hablar.

Nos gusta lo que hacemos, y eso es hasta el momento lo que ha venido salvando el sistema. Se exige a los profesores universitarios que sean excelentes científicos, no son como los de las universidades americanas, decimos. Pero a los nuestros no les dotamos de ayuda para que den sus clases (como sí hacen los americanos), y los sueldos no vamos a compararlos. Total, lo nuestro, es vocación y pasión por nuestro trabajo, que a veces ni siquiera lo consideramos tal, y por eso el sistema se aprovecha de ello.

Si queremos comprar material para laboratorio, se nos trata como si fuésemos delincuentes y para cuando conseguimos todos los papeles, adjudicaciones y requerimientos de la función pública, ya se han muerto los bichos que teníamos intención de estudiar a ser posible vivos, o ya nos ha caído el meteorito encima porque no hemos podido comprar el ordenador que necesitábamos para hacer los cálculos de su trayectoria. Un problema que en los organismos públicos de investigación se está haciendo endémico, no pandémico, diferencia que gracias a la ciencia sabemos reconocer, y esto implica que nuestra competitividad se resiente.

Creemos que a nadie en su sano juicio se le hubiese ocurrido decirle a Dalí que no podía comprar pinceles para sus cuadros, que tenía que hacerlo con brochas iguales que las que se usan para pintar el Ministerio de Hacienda. Ni nadie le hubiera hecho una auditoría después preguntándole qué para qué quiere un artista ir a un museo. Pues bien, a los científicos, la inflexibilidad en la gestión de los recursos del sistema no nos permite comprar a menudo ni el material que necesitamos, ni cuando lo necesitamos. Incluso aún teniendo los fondos disponibles porque los ganamos en convocatorias públicas nacionales e internacionales competitivas.

De nada sirve incrementar las partidas destinadas a ciencia si luego el propio sistema no nos permite gastarlos en lo que lo necesitamos o, casi peor, gastar el dinero implica pegarse con el sistema durante días, descuidando nuestros experimentos y apartándonos de esa vocación de servicio público de la que estamos orgullosos.

El sistema burocrático nos tiene asfixiados y maniatados. Y de la contratación de personal altamente especializado y cualificado en los organismos públicos de investigación ya ni hablamos, no vaya a ser que todavía quede alguna vocación científica por ahí leyéndonos que no se haya desmoralizado y lo vayamos a perder, también, al extranjero. Queremos hacer nuestro trabajo pero no podemos, no nos dejan las toneladas de papeles que tenemos que rellenar para comprar un bolígrafo, una probeta o un ordenador.

Esto es una llamada de auxilio al ministerio: por favor, ayúdennos, solo queremos contribuir a una ciencia de calidad para que pensemos mejor, vivamos y sobrevivamos mejor. Para ello necesitamos una gestión flexible, una contratación ágil, y personal de apoyo que de verdad lo haga y no nos ponga palos en las ruedas.

Hasta aquí la reivindicación por un sistema científico más eficiente. Pero también está el tema laboral. No se puede promover la excelencia penalizando la movilidad en el salario. Tenemos una ley, y no parece que esto vaya a cambiar, que permite que, en la misma escala de funcionario, no se reconozcan méritos adquiridos en otras instituciones. Y nos encontramos con investigadores de reconocido prestigio que han realizado parte de su carrera en organismos internacionales, en la empresa, o en la universidad, a los que se les penaliza en el ya mermado salario, al no reconocer el tiempo en otras instituciones para el reconocimiento de méritos. En pocas palabras, si siempre te quedas en el mismo sitio cobras más y tienes más derechos adquiridos. No es justo y no promueve ni la movilidad, dentro de nuestro país pero también a nivel europeo y mundial, entre universidad, organismos públicos de investigación gestionados por el Estado y empresas, ni la excelencia ni la internacionalización de la ciencia, conceptos básicos para su avance.

Respecto al gran problema de la igualdad de género en ciencia y dentro del paquete de medidas para la igualdad efectiva se regula la composición de los órganos, consejos y comités para que sea equilibrada (esto es que las personas de cada sexo no superen el 60%). Esto se traduce en que las mujeres que no llegamos en muchos casos a una representación del 20% en ciencia tenemos que estar en el doble de comités, consejos y órganos. Agotándonos más y quitándonos más tiempo de hacer ciencia, sin que este hecho tenga una traducción efectiva en sistemas de promociones o evaluación.

La apertura de la consulta ciudadana sobre la modificación de la Ley de la Ciencia y la esperable discusión política para cerrarla y aprobarla por el Legislativo abre una oportunidad magnífica para abordar estos problemas acuciantes para la ciencia en España. Necesitamos establecer de manera más clara las bases de una carrera científica, contando con la cada vez mayor aportación de las comunidades autónomas en programas de atracción de talento, que dé perspectivas de futuro a las científicas y científicos. Necesitamos fomentar la igualdad y diversidad pero entendiendo que ello implica un esfuerzo considerable y debemos hacerlo de manera que no atienda a dónde se hizo la investigación, ya que la ciencia no entiende de fronteras, que es una de sus mayores fortalezas. Debemos imponer una mayor cohesión entre universidades, centros de investigación, hospitales y empresas, destruyendo barreras competenciales entre ministerios o con gobiernos regionales. Tenemos que conseguir un sistema de gestión de fondos más eficiente, con profesionales que apoyen a los científicos en estas tareas, y que el control sobre el uso de los fondos públicos no implique una interminable retahíla de informes, firmas y procedimientos ineficientes. Finalmente, debemos tomarnos en serio financiar la ciencia a nivel europeo, con porcentajes más cercanos al 3% del PIB que por debajo del 1,5%, quizás incluso aprobando una ley.

Eva Villaver y Pablo G. Pérez González son investigadores del Centro de Astrobiología.

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