Desafección y cambio de prioridades: por qué los chilenos dan la espalda al segundo proceso constituyente

En tres años, entre 2020 y 2023, Chile ha vivido dos procesos constitucionales. El primero terminó en un fiasco, luego que en el plebiscito de septiembre del año pasado el 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de Carta Magna que presentó la convención constitucional. El segundo está en plena marcha. Comenzó en marzo con la instalación de una comisión experta que trabaja en un anteproyecto que entregará a los 50 consejeros -25 hombres y 25 mujeres- que serán electos este domingo 7 de mayo y se harán cargo de la redacción final. A pesar de que es una elección clave para el futuro del país sudamericano, una segunda oportunidad para cambiar la Constitución 1980 que nació en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la mayoría de las encuestas han revelado desinterés y desafección de los chilenos tanto en el proceso constituyente como en los próximos comicios.

Uno de esos sondeos es Pulso Ciudadano. A comienzos de abril, solo un mes antes de la elección de consejeros, reveló que un 47,9% de los chilenos está poco o nada interesado en el proceso constitucional, un 22,3% lo está medianamente y un 29% está muy interesado. “La gente quedó cansada, saturada con este tema, porque el proceso anterior fue muy malo. No hay interés, porque, además, tiene otras problemáticas más complejas en el día a día, como son los problemas económicos y de delincuencia que vive Chile”, dice a EL PAÍS Ramón Cavieres, director de Activa, la consultora que realiza la encuesta. “Esto es algo que se ha acumulado. Venimos de un estallido social [de octubre de 2019], de una pandemia, de una crisis económica, de un primer proceso constituyente y ahora un segundo. Por eso hay un desgaste importante en la ciudadanía”, agrega.

Fue precisamente después del estallido social, que menciona Cavieres, que un acuerdo político de noviembre de 2019 fijó la ruta para que Chile elaborara una nueva Constitución. Contrario a lo que se observa hoy en el ambiente, entonces sí había interés. En un primer plebiscito en 2020, en plena pandemia de covid-19 y con voto voluntario, un 80% se pronunció a favor de elaborar una nueva Carta Magna. Pero, después de la propuesta que entregó la convención constitucional, compuesta por 154 integrantes -la mayoría independientes y de movimientos sociales de izquierda-, el 62% la rechazó. Ese fue un referéndum con voto obligatorio de manera excepcional.

Después del rechazo, el segundo proceso se delineó completamente distinto al anterior. Además de que una comisión experta -nombrada por el Congreso con una mayoría de juristas- elabora un anteproyecto, los 50 consejeros que serán próximamente electos ya no vienen del mundo independiente, sino de los partidos políticos.

Pero también hay otro cambio de fondo. Esta nueva elección del 7 de mayo será la primera que se realiza en Chile después de que en diciembre de 2022 se restableció el voto obligatorio. Compiten cinco listas. Y, en la franja televisiva y radial, que comenzó el 7 de abril, la mayoría de los candidatos han enfocado sus discursos en la seguridad. Es un hecho que, para Cristián Valdivieso, director de la consultora Criteria, grafica el cambio de escenario del país: “Es una franja con temas que no son propiamente constitucionales, que aluden a las urgencias cotidianas e inmediatas de la población. Por lo tanto, parece más en clave de campaña presidencial que constitucional. Es fiel reflejo del giro que ha habido en la importancia que la sociedad ha dado al proceso constituyente nuevo”.

“El momento se acabó”

La encuesta Criteria, que encabeza Valdivieso, también ha dado cuenta de la desafección en el proceso constitucional. El último sondeo del 9 de abril arrojó que el interés del 66% que había en 2021, bajó a un 31% en 2023. La cifra es igual de pesimista respecto de la elección de consejeros.

“Lo que hemos observado, en una mirada más cualitativa, tiene que ver con el momento constituyente que se dio con el proceso anterior. La gente sentía que un cambio constitucional implicaba una manera de mejorar o de enmendar el rumbo del país, y hacerse cargo de las principales urgencias y preocupaciones de la ciudadanía. Pero ese momento constituyente se acabó. Por lo tanto, la expectativa que la sociedad tiene depositada en el cambio constitucional hoy es muy baja”, dice Valdivieso. ”Hoy el proceso no convoca como sí lo hizo el anterior, cuando se eligió a los convencionales. Emocionalmente no hay esas ganas, porque no hay esa sensación de la que nueva Constitución va a producir cambios importantes en la vida de las personas”, agrega.

Para el director de Criteria, Chile cambió tanto en su entorno como las preocupaciones ciudadanas. Recuerda que después del estallido social se instaló una narrativa que “resaltaba la desigualdad y la inequidad como uno de los principales problemas del país“. “Hoy el contexto cambió, y lo que se ha instalado es que los principales problemas se relacionan con la violencia, lo que genera grandes niveles de inseguridad. Al cambiar el relato, la Constitución dejó de verse como un dispositivo capaz de ayudar a la salida del principal problema”, explica Valdivieso.

Un cambio de prioridades

La primera señal del cambio de prioridad de los chilenos fue enero de este año , cuando la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) consultó sobre cuáles eran los principales tres problemas que debía resolver el Gobierno. La delincuencia ocupó el primer lugar, con 60%, muy lejos de salud, pensiones y educación, tres demandas que sí estaban en la agenda desde la revuelta social de 2019.

Carmen Le Foulon, coordinadora del CEP, apunta a que si en el anterior proceso “toda la atención estaba puesta en el plebiscito, ahora esa atención está dividida”. ”Y, en términos de prioridades de la ciudadanía, claramente esta no es una prioridad. Hoy hay más demandas. También ha faltado movilización política”, dice Le Foulon. Y agrega: “Hoy además estamos en un momento político muy distinto, en que se han relevado problemas de la ciudadanía muy acuciantes porque, a los económicos, se ha sumando la delincuencia y la seguridad. Por lo tanto, los políticos y los partidos quieren verse reflejados en esas preocupaciones”.

Pero para Le Foulon, el desinterés va más allá de este proceso constitucional. “La ciudadanía chilena está poco interesada en política en general. Y eso lo preguntamos cuando estaba la convención constitucional [en 2021]. Hay también un desapego y desconfianza en la política”.

Precisamente, la desconfianza también ha cruzado este segundo proceso constituyente. Y, según Pulso Ciudadano, un 62% tiene nada o poca confianza, mientras apenas un 13% confía mucho.

Cavieres, quien lidera el sondeo, señala que este nuevo proceso “no tiene relación con lo que votó la gente el año 2020, que era una convención elegida 100% democráticamente, sin participación de políticos ni congresistas“. “Pero la ciudadanía ve que hoy está controlado por los políticos. Y la gente es muy crítica: tiene muy mala evaluación del Congreso y de los partidos. Está desafectada y no les tiene confianza. Entonces, este proceso no tiene confianza tampoco”, dice el director de Activa.