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El estrés de ser diplomático en Barcelona

El ‘procés’ dificulta la tarea de los cónsules, objetivo del Gobierno catalán para internacionalizar su discurso

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, recibe el pasado jueves al cuerpo consular acreditado en Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, recibe el pasado jueves al cuerpo consular acreditado en Cataluña.JORDI BEDMAR (EL PAÍS)
Barcelona -

Con sus 95 representantes, Barcelona es una de las ciudades del mundo con más cónsules generales. Hay ejemplos históricos: el consulado de Estados Unidos se impulsó en 1797, el tercero en Europa del recién nacido país. En los últimos años, sin embargo, ser diplomático en la capital catalana se ha convertido en una tarea incómoda a raíz del proceso independentista. La Generalitat ha intentado movilizar a los representantes extranjeros en su intento de internacionalizar el soberanismo; cinco cónsules honorarios han sido cesados por ser considerados cercanos al independentismo; y ha habido protestas y ataques a legaciones diplomáticas.

El presidente catalán, Quim Torra, volvió a utilizar su reciente encuentro anual con el cuerpo consular para pronunciar un encendido discurso de política autóctona. “La situación de injusticia persiste y el ejercicio de la democracia en nuestro país sigue comprometido”, dijo en relación con los líderes independentistas presos. Un año antes, Torra había dicho a los cónsules que no renunciaría al derecho a la autodeterminación y que contaba con ellos para defender que “en Cataluña, el concepto de república es sinónimo de libertad”.

“Cada vez es más difícil ser cónsul en Barcelona”, denuncia un diplomático

En 2017, el entonces presidente Carles Puigdemont aseguró al cuerpo consular que el Govern iba a superar las “dificultades” que vinieran en torno al referéndum ilegal del 1-O, que derivó en su huida de la justicia española a Bélgica. Un año antes, Puigdemont llegó a afirmar ante diplomáticos que “dentro de unos meses” Barcelona sería capital de un Estado.

La mayoría de los cónsules acreditados en la ciudad de Barcelona —41 de carrera y 54 honorarios, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores— declinaron ser citados en este artículo alegando un deseo de privacidad diplomática. Varios de ellos, sin embargo, hablaron en condición de anonimato o derivaron a sus embajadas en Madrid.

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Una de las excepciones fue el cónsul alemán, Peter Rondorf. “Las empresas requieren un marco legal estable. Sin duda, la incertidumbre política conlleva consecuencias económicas negativas”, afirma sobre el debate independentista, que ha rechazado públicamente.

Pese a que prácticamente ningún país reconoció en 2017 la declaración unilateral de secesión de Cataluña, el procés ha hecho que muchos diplomáticos en Barcelona se hayan sentido atrapados en una pugna. Algunos se quejan de temer ser utilizados por la Generalitat o acusan a Exteriores de querer acotarles.

Los cónsules tienen funciones sobre todo administrativas, como ayudar a sus compatriotas con trámites diversos. Las relaciones políticas recaen en las embajadas. Pero no es inusual que los cónsules tengan contacto con la clase política o empresarial local, una potestad que la Generalitat ha tratado de explotar y que el Gobierno ha seguido con recelo.

Como decano del cuerpo consular en Barcelona, que agrupa a todo el colectivo diplomático, el británico Lloyd Milen coordina encuentros con entidades políticas, empresariales o culturales. “Todos somos profesionales. Entendemos nuestro papel”, dice el cónsul. Junto a buena parte de sus colegas diplomáticos se reunió en abril con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que el año pasado rebatió las afirmaciones que hizo el president Torra ante los cónsules. Pero en la cita, afirma Milen, no recibieron directrices. El propio Borrell negó que hablaran sobre la cuestión independentista.

El ‘procés’ ha hecho que se hayan sentido atrapados en una pugna política

Fuentes del Ministerio de Exteriores tildan de “fluida” la relación con los cónsules en Barcelona, pero recuerdan que son las embajadas las encargadas de la relación política. Aún así, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, se reunió con 11 cónsules entre enero y abril de este año, según un portavoz de su departamento, que califica los contactos de “regulares y públicos”, pero declina valorar la relación con el ministerio.

“Tenemos algo de desconfianza con la Generalitat si siempre hay asuntos políticos relacionados con cualquier evento”, lamenta un diplomático de un país de la UE en Barcelona que declina ser identificado.

El diplomático sostiene que las multinacionales con inversiones siguen en Cataluña porque “no ven probable una secesión”. Y hace suya la frase de Jean-Claude Juncker, el presidente saliente de la Comisión Europea, al afirmar: “Ningún país de la UE reconocería una Cataluña independiente porque no queremos una UE de 98 regiones”.

Pintadas amarillas y de Falange en las sedes

La agitación política ha colocado en el último año y medio a algunas legaciones diplomáticas en el punto de mira. La fachada y ventanas de la delegación de la Comisión Europea fueron objeto en junio de pintadas amarillas, en una presumible alusión a la simbología por los políticos independentistas encarcelados. El lugar se ha convertido en epicentro de protestas soberanistas por la posición de la Unión Europea en el conflicto catalán. El pasado febrero, una convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) derivó en la ocupación y bloqueo de la delegación, lo que un diplomático considera un “precedente muy peligroso”.

En agosto de 2018, simpatizantes de Falange hicieron pintadas en la entrada del edificio donde se ubica el consulado de Bélgica por residir Puigdemont en ese país. Cinco meses antes, hubo una protesta independentista frente al consulado alemán tras la detención del expresident en Alemania.

“Cada vez es más difícil ser cónsul en Barcelona”, denuncia otro diplomático, que también solicita el anonimato. Acusa al Ministerio de Exteriores de presionar y tratar de influir al cuerpo consular para que “hagan solo visados” y no tengan contactos políticos, pero defiende que su función es hablar con todo el arco político y atraer inversiones. El diplomático asegura aceptar solo una de cada 15 invitaciones de la Generalitat, pero esgrime que, por cortesía, se deben escuchar discursos que quizá no gusten, como ocurre en otros países.

Según el diplomático, los cinco ceses de cónsules honorarios —que son ciudadanos corrientes— han tensionado a la comunidad consular en Barcelona. El último fue el de Grecia, Fernando Turró, quien el pasado octubre fue destituido, a petición del Ejecutivo socialista, tras acudir a una manifestación con una camiseta con la estelada, la bandera independentista. Los otros cuatro —Letonia, Filipinas, Bulgaria y Finlandia— fueron cesados durante el Gobierno del PP por ser considerados afines al soberanismo.

Albert Ginjaume, el exrepresentante finlandés, dice que todavía no sabe por qué fue destituido en febrero de 2018, aunque sospecha que fue por organizar, como secretario del cuerpo consular, un almuerzo con Mercè Conesa, del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Conesa ejercía entonces como presidenta de la Diputación de Barcelona y como alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, feudo histórico del nacionalismo catalán.

Ginjaume niega haberse posicionado políticamente y, tras su cese, fue respaldado por escrito por la ejecutiva de todos los cónsules. “Lo que pensemos cada uno de los cónsules honorarios al Estado español le preocupa relativamente poco. Le preocupa mucho que nuestra manera de pensar y lo que podamos hacer influya a los cónsules de carrera”, opina.

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