La Generalitat inicia el “desahucio” de Acciona para recuperar ATLL

Tras no poder hacerse con el control de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) el pasado martes 1 de enero, tal y como tenía previsto, la Generalitat inició el miércoles la tramitación de un procedimiento de “desahucio administrativo” del consorcio liderado por Acciona de todos los activos de la empresa pública. Con ese procedimiento prevé expulsarlo de las instalaciones que forman parte de la compañía con la intención de liberarlos para que los gestione la propia administración catalana, a través del Ente de Abastecimiento Aguas Ter-Llobregat (ATL).

El embrollo jurídico alrededor de la fracasada privatización de la gestión de ATLL se ha complicado en las últimas semanas, en paralelo a la aproximación de la fecha límite que se puso la Generalitat para asumir la gestión de ATLL, el 1 de enero. Al litigio que enfrenta especialmente al Departamento de Territorio con Acciona para liquidar el contrato con el pago de una indemnización se sumó el miércoles un nuevo paso, que procede en este caso de la dirección general de Patrimonio, que depende del Departamento. Esta incoó un procedimiento de desahucio administrativo, según un documento al que ha accedido EL PAÍS, que supone echar a la concesionaria de ATLL ante su negativa a abandonar la explotación de la concesión hasta que se liquide el contrato suscrito en 2012 y anulado el pasado verano por el Tribunal Supremo, ratificando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Diferentes fuentes consideraron ayer que esperan que la asunción por parte de la Generalitat de la compañía pública se resolverá antes de que concluya el mes. No obstante, hay un tema que seguirá vivo en los tribunales en años: la indemnización que tendrá que pagar la Generalitat por la cancelación del contrato. Acciona demanda 1.074 millones de euros; la comisión liquidadora del contrato considera que la Administración catalana solo debe pagar 53,8 millones de euros, al considerar que no ha de pagar indemnización y solo devolver parte del dinero invertido.

El procedimiento de desahucio administrativo abierto el miércoles choca con otro movimiento alentado desde Territorio a las cinco de la madrugada del 1 de enero. Josep Andreu Clariana, director del Ente de Abastecimiento Aguas Ter Llobregat, envió un correo electrónico al conjunto de la plantilla en el que les comunicaba que desde ese día formaba parte del ente y que, a esos efectos, pasaban a tener las condiciones laborales de las entidades de derecho público de la Generalitat. Pasadas las ocho de la noche el director general de ATLL, Alfredo Gutiérrez, enviaba otra carta en la que les instaba a “hacer caso omiso” de la misiva de Clariana, alegando que el caso estaba en manos de los tribunales. Algunos empleados han detectado que dos empresas (la concesionaria y ATL) estaban pagando sus cuotas sociales a la Seguridad Social.

La ruptura entre Acciona y la Generalitat es total. El 27 de diciembre fue convocado a una reunión en la dirección general de Patrimonio de la Generalitat el presidente de Acciona, Luis Castilla, para formalizar el traspaso de documentación y de la gestión. El ejecutivo de Acciona se negó a firmar alegando que se habían solicitado medidas cautelarísimas, por lo que Patrimonio inició el trámite de expulsión de Acciona.