Los temores de Petro: oligarcas, jueces, mafia y políticos como paladines de un ‘golpe blando’

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha repetido una y otra vez que está en marcha, o en ciernes, un golpe de Estado en su contra, un golpe ‘blando’. Como había señalado varios meses antes, la amenaza no saldría de los cuarteles militares, pues se trataría de una estrategia “sofisticada”, un “golpe de estado a la colombiana”. La versión del origen ha variado o, mejor, parecía ser una hidra de varias cabezas, que van de los “oligarcas” a altos jueces, de los narcos a los políticos. “El golpe no se dará con soldados, que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar un solo arma contra el pueblo. Se dará con corbatas y escritorios”, escribió el viernes en su cuenta de X.

La cabeza más notoria del golpe, según el presidente, es el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo administrativo, compuesto por políticos que fungen como magistrados. El CNE estudia actualmente, y se acerca a definir por votación, si la campaña electoral del hoy presidente sobrepasó los topes legales de financiación. Creado en la Constitución de 1991, el CNE ha sido criticado desde hace décadas porque está compuesto por abogados que representan a las bancadas en el Congreso: es decir, a la clase política. Varios de sus nueve magistrados son, como han sido siempre, antiguos parlamentarios. Tienen en sus manos una ponencia contra la campaña del presidente, escrita por dos miembros que no están alineados con el Gobierno: el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada, del partido opositor Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, del dividido partido Liberal. Pero los nueve miembros del CNE que votarán la ponencia son de diversos partidos, varios alineados con el presidente o elegidos directamente como magistrados por su coalición, el Pacto Histórico. Esa última parte, favorable a Petro, no la ha mencionado el mandatario.

Las acusaciones del presidente más bien se han vertido adicionalmente sobre otros magistrados, los del Consejo de Estado, una de las altas cortes del país que Petro ha aplaudido en el pasado. Este Consejo decidió en agosto que el CNE sí tiene la función de investigar la campaña del presidente, algo que habían rebatido los abogados del Petro. “Es insólito hablar de golpe de Estado”, replicó ante Noticias Caracol el presidente del tribunal, Milton Chaves. En su decisión, el Consejo de Estado dejó claro que el CNE solo puede sancionar administrativamente a un presidente, con penas como una multa, y no tiene la autoridad para destituir al presidente. Es decir, en palabras más simples, no puede hacer un golpe. El viernes, ante las múltiples acusaciones de Petro, el CNE volvió a pronunciarse ante el temor del presidente: “no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial”.

Pero es que el golpe es más complejo, dice el presidente, señalado a otros políticos del legislativo. “Con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral, y luego en la comisión de acusaciones, buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno″, escribió en X el domingo 8 de septiembre. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es el único órgano que sí puede hacer un juicio político y jurídico a un presidente. La hipótesis del mandatario es que una sanción del CNE produciría que esa Comisión le abra un proceso, una consecuencia previsible. Pero de ahí a que tome alguna decisión, hay un trecho enorme. El Gobierno, en general, ha tenido las mayorías en la Cámara, y los 16 miembros de la comisión son un espejo de la plenaria.

Adicionalmente, en esa comisión difícilmente se mueven los expedientes judiciales: casi todos los expresidentes han sido denunciados allí, pero las investigaciones a fondo han sido casi nulas. Tanto, que se le llama informalmente “comisión de ‘absoluciones”. Solo avanzó un expediente contra el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998), por el hecho de que dinero del narcotráfico entró a su campaña presidencial. Pero la plenaria de la Cámara, que debe avalar cualquier decisión de la comisión de acusar a un presidente ante el Senado, votó en favor del mandatario liberal. Incluso ese escenario tomaría mucho tiempo y no está cerca de avanzar.

Pero el presidente Petro no está hablando de ese tiempo futuro, y grita un paralelo de la historia pasada. Petro regresa al día de 2013 en el que el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó cuando él era alcalde de Bogotá, una decisión arbitraria que luego fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Procuraduría tenía derecho a una sanción administrativa a un funcionario electo por voto popular, dijo la CIDH y repitieron luego el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pero no a destituir. “Aquella vez el pueblo bogotano fue determinante. Seis veces llenó la plaza de Ɓolívar”, recordó recientemente Petro en X sobre las movilizaciones a su favor. El ahora presidente apela a los mismos seguidores fieles ahora, y llamó a la movilización el próximo jueves 19 de septiembre.

Pero esta vez el presidente no ha sido destituido por Ordoñez ni estas instituciones, que Petro asegura quieren acabar con la voluntad popular. Esa advertencia repetida diariamente de un golpe de Estado desde las instituciones (también llamado lawfare) no tiene, por el momento, un sustento sólido.

En los últimos dos años, el presidente Petro también ha denunciado el golpe desde otros frentes. Acusó, por ejemplo, a los expresidentes de llamar al ruido de sables. “Los que se premiaban por hacer la paz solicitan un golpe de estado”, dijo Petro en mayo sobre el expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó la paz con la guerrilla de las FARC, cuando este último dijo que la fuerza pública debería actuar si el presidente Petro no respeta la Constitución y convoca, por fuera de la norma, a una constituyente. “El uribismo quiere imitar la forma en que hubo un golpe de estado contra Allende”, escribió un mes antes, en abril, cuando un grupo de camioneros convocó a una marcha por la inseguridad en las carreteras. Meses antes, en agosto del 2023, el presidente también dijo que una protesta de transportadores por una supuesta alza en el precio del ACPM, que no ocurrió, “es el tipo de mentiras con que irradian la idea de golpe blando”.

Justamente fue a partir del reciente paro de camioneros en Colombia, que sí ocurrió, que el presidente empezó a ampliar las acusaciones del golpe y pasó a hablar, no solo de la intención de sacarlo del poder, sino de asesinarlo. “Es la mafia la que paga porque el presidente de Colombia sea asesinado o se le destituya de su cargo lo más rápidamente posible”, afirmó en un encuentro de medios comunitarios de este jueves. “Hay un golpe en camino financiado por la mafia política y se silencia, cómo se silenció ante Allende”, señaló el lunes, comparando su situación con la del presidente chileno que murió defendiendo el palacio presidencial de un golpe militar en 1973. El sábado, en un evento con miles de sus seguidores, habló de un complot para asesinarlo con explosivos que se detonarían desde un camión cuando el mandatario pase cerca a este. Unos contrabandistas, aseguró, “ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre”.

Ese punto, el de un golpe que puede tornarse en un magnicidio, es la tesis más reciente. Hasta el momento, el presidente no ha indicado qué pruebas tiene de esos planes de asesinato, una advertencia de marca mayor que ha prendido pocas alarmas aún, toda vez que aparece como un escalón más en el reclamo, ya en crescendo, de ser víctima de un golpe blando. Es un grito de Petro que probablemente crezca, pues el CNE tiene previsto votar la ponencia negativa a la campaña presidencial esta semana.

Si el domingo pasado, en un largo mensaje en X, Petro apeló a la movilización popular para defenderse de lo que llama un golpe, esta semana subió todavía más el tono, al apelar a una revolución. “No hay otra forma de detener un golpe de Estado, que nos lleve a generaciones por delante de violencia, que con una revolución del pueblo”, dijo en el encuentro de comunicadores populares. El presidente ha alertado de un golpe tantas veces, sin que este ocurra, que será difícil que las bases populares salgan con la misma urgencia, por ahora, como lo hicieron hace una década en las calles de Bogotá.

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