Salvador Arana, Kiko Gómez y otros exfuncionarios condenados son trasladados a cárceles de alta seguridad

Las autoridades carcelarias de Colombia clausuraron el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel El Bosque, de Barranquilla y decidieron reubicar a 16 presos en distintas cárceles de Colombia. La decisión obedece a presuntas irregularidades como privilegios excesivos y salidas de criminales como Juan Francisco Gómez, alias ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira condenado a 55 años por seis homicidios. El pabellón cerrado tenía la categoría de reclusión especial (Ere), porque es exclusivo para funcionarios públicos, aunque sus delitos sean de extrema gravedad y no tengan que ver con sus funciones.

Entre otros presos que se encontraban en el patio clausurado figuran Emilio Tapia, contratista condenado por corrupción; Carlos Mattos, empresario condenado por soborno a dos jueces y fraude procesal; Salvador Arana, exgobernador de Sucre, condenado por el homicidio del alcalde Eudaldo Díaz, crimen que fue confesado por Arana ante la Jurisdicción Especial para la Paz. También fue trasladado el juez Abelardo Andrade Meriño, condenado, entre otros delitos, por haberle vendido un habeas corpus a Kiko Gómez para sacarlo de la cárcel La Picota de Bogotá— lo cual fue impedido a tiempo por la Fiscalía. 14 de los 16 presos serán repartidos entre las cárceles de Valledupar, en el norte del país; La Dorada, Caldas y La Picota, de Bogotá, en el centro de Colombia (dos de ellos se quedarán en Barranquilla). Estas cárceles son de alta seguridad, mientras que El Bosque no lo era.

“Es una decisión que se toma de manera histórica, contundente y trascendente para el país, en prevención de que se presentaran situaciones irregulares”, dijo el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec. “Respaldo la decisión autónoma del Director del Inpec”, publicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna. “Este traslado de internos no vulnera derechos y sí es un ejemplo de buen ejercicio de la función pública. No existe el derecho de las personas condenadas a pagar la pena en una cárcel específica, así como tampoco el de las víctimas a elegir la cárcel para sus victimarios”, añadió.

El origen de esta decisión está relacionado con la denuncia que hizo EL PAÍS sobre el traslado irregular de Bogotá a Barranquilla de Kiko Gómez, en enero, y en el que el Inpec infringió sus propias normas. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó, en 2014, que Kiko Gómez y sus procesos debían ser trasladados a Bogotá por el peligro que representaba sobre víctimas y testigos, y sobre la administración de justicia, sus funcionarios y la población de la zona norte de Colombia. Ahora será trasladado a la cárcel de máxima seguridad en La Dorada, Caldas.

El pabellón Ere era el lugar más codiciado porque, además de los privilegios obtenidos, era la antesala para otros beneficios como casa por cárcel. Allí eran ubicados narcotraficantes, ladrones y asesinos con muchos recursos económicos que tenían el rango de funcionarios públicos. En este pabellón los guardianes encontraron en la noche del viernes decenas de botellas llenas y vacías de licor, como si se tratara de una discoteca, señaló una fuente del Inpec.

Esta semana, el director del Inpec le había solicitado al director de la cárcel El Bosque, de Barranquilla, que le reportara el registro de salidas y fotos de Kiko Gómez, Emilio Tapias y Carlos Mattos debido a varias denuncias sobre salidas clandestinas de estas personas.

De acuerdo con expertos, el control de las cárceles del país ha vuelto inmanejable. “La corrupción ha llegado a tal límite que las cárceles se están volviendo una bomba de tiempo que cada vez crece más por la falta de institucionalidad y gobernabilidad, teniendo en cuenta que sus directivos desconocen el sistema penitenciario colombiano y están allí por favores políticos o por ser retirados de alguna fuerza pública, como del Ejército o de la Policía”, señaló una fuente del Inpec que prefirió no dar su nombre. “Hay deshumanización, fallas en la alimentación y escasa atención médica”, agregó.

En una rueda de prensa, el director del Inpec dijo que las personas privadas de la libertad no pueden tener privilegios, ni salidas, ni ingresar elementos prohibidos. Anunció investigaciones internas en contra de los guardianes de la institución y que notificaría a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía para respectivas investigaciones disciplinarias y penales. Paradójicamente, el Ministerio de Justicia ya había pedido a la Procuraduría que investigara al director del Inpec por el traslado irregular de Kiko Gómez.

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