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Energía eólica
Tribuna
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Windpeshi, el negocio de la energía eólica y las lecciones para la transición energética

Enel decidió suspender la construcción de este parque en La Guajira colombiana. Para evitar que otros proyectos sigan este futuro, será necesario establecer un estándar mínimo de los beneficios que debe ofrecer cada empresa

Construcción del proyecto Windpeshi de Enel
Construcción del proyecto Windpeshi de Enel, en La Guajira (Colombia), el 3 de marzo del 2023.Diego Cuevas

ENEL Green Power ha decidido suspender indefinidamente la construcción del proyecto eólico Windpeshi (205 megavatios) y evalúa opciones de venta ante las “constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la organización”, según el comunicado oficial de la multinacional de origen italiano. Esto ocurre días después de que el Gobierno aprobara aumentar del 1% al 4% el porcentaje de dinero que las empresas deben ceder a los municipios y a las comunidades a partir de las ganancias que generan por producir energía.

A inicios de mayo la empresa ya había señalado que el avance del proyecto se encontraba en estado crítico ante lo cual el Ministerio de Minas y Energía anunció que se había llegado a acuerdos con las comunidades y que eso conduciría a la sostenibilidad del proyecto. Pues bien, la evidencia actual sugiere que el acuerdo resultó insuficiente y que hoy la realidad del proyecto es otra.

Es claro que el potencial de energía renovable de La Guajira puede ser el motor para la transformación social, económica y ambiental del departamento. Sin embargo, como en muchas partes del mundo, la implementación de los proyectos eólicos se enfrenta a problemas de aceptación social asociados a preocupaciones de justicia, equidad, normas culturales y distribución de beneficios que han llevado a diversos bloqueos y protestas generando retrasos en los proyectos, como el caso de Windpeshi.

En ese contexto, es preciso reconocer que no habrá transformación territorial sin gobernanza territorial. El fracaso de ENEL debe entenderse desde una perspectiva de corresponsabilidad o, en otras palabras, de responsabilidades compartidas entre los diferentes actores del territorio y no una situación atribuible únicamente a la empresa o las comunidades locales y sus liderazgos. En particular, esta situación evidencia la necesidad un gobierno regional que se involucre más en la discusión y actúe como mediador, que fortalezca su capacidad de construir confianza, garantizar imparcialidad y provocar diálogos vinculantes mientras se preocupa por entender cómo funcionan estos nuevos negocios, qué potenciales encadenamientos productivos generan y cuáles salvaguardas ambientales y sociales se deben garantizar.

Por ejemplo, sortear las dificultades de los proyectos eólicos en La Guajira depende en gran medida de una distribución justa, transparente y equitativa de los beneficios. Durante los procesos de consulta en La Guajira las empresas y comunidades han llegado a diferentes tipos de acuerdos que varían según cada proyecto e, incluso, usualmente varían entre las comunidades afectadas. Estos acuerdos constituyen diferentes esquemas de beneficios que pueden llegar a incluir la destinación de un porcentaje de las ventas anuales, montos específicos por megavatio instalado, montos específicos por aerogenerador instalado, porcentajes de los bonos de carbono generados, entre otros. Esta heterogeneidad de acuerdos genera conflictos, sobre todo en un contexto donde el acceso a información de los proyectos es más bien limitado.

Se hace necesario establecer un estándar mínimo de los beneficios que debe ofrecer cada proyecto que permita gestionar las expectativas partiendo del reconocimiento del territorio. Debe construirse colectivamente con la participación de diferentes actores incluyendo los desarrolladores de proyectos, entidades territoriales, academia y comunidades locales, con el sector público como líder y dinamizador de la discusión a través de espacios como la Asamblea Departamental. Además, esto podría ayudar a delimitar el rol y alcance de los asesores comunitarios incluyendo la identificación de buenas prácticas de asesoría y mecanismos efectivos de seguimiento y monitoreo de los acuerdos.

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Es imposible que una transición energética justa avance si los proyectos de energía renovable no se concretan. Sin embargo, estos proyectos no son inherentemente justos o injustos por sí solos y deben estar acompañados de estrategias que permitan reconocer y abordar preocupaciones mientras se aterrizan expectativas. Después de todo la capacidad de obtener y mantener la aceptación social de los proyectos de energía renovable marcará el éxito y la rapidez de cualquier estrategia de transición.

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