“Que nadie más se muera en la pista de baile”: una cruzada por las fiestas seguras en Bogotá

María Fernanda Rojas, la concejala de Bogotá que ha puesto los ojos sobre lo que está pasando en las fiestas de la ciudad, recuerda una tragedia para hablar de por qué es urgente mejorar la seguridad en los eventos nocturnos de la capital. Rojas menciona el caso del club Kiss, en Brasil, donde el 27 de enero de 2013 más de 200 personas murieron tras un incendio producido por una bengala durante un concierto. La capacidad máxima del lugar era de 690 y había 1.300 personas. El sobrecupo fue señalado como determinante en la tragedia.

Las muertes el pasado febrero de Miguel Rodríguez y Arles Ardila en una fiesta de electrónica en Bogotá dejaron al descubierto el poco control sobre el aforo y las condiciones mínimas. Los testigos han dicho que en el bar Studio 64 esa noche había más de mil de personas, casi el doble de su capacidad, que era difícil respirar y que fue casi imposible acceder al agua. Algunos denuncian que no había una salida de emergencia visible. Según el testimonio del hermano de Arles Ardila, de 20 años, el joven se fue al piso segundos después de decir que le faltaba el aire. ”Tuvieron que pasar unos seis minutos para que se asustaran y entendieran que era una verdadera emergencia”, contó a El Tiempo. Los testimonios de sus amigos denuncian que la organización del evento no actuó de forma oportuna. Ardila murió de un paro cardiorrespiratorio.

“Estábamos en la fiesta y no había espacio de nada. Él llevaba una máscara de conejo, estaba bailando al lado mío y de un momento a otro se desplomó en el piso. Los amigos con los que íbamos lo sacaron a la ambulancia, estaba muy mal y entró en estado de coma, lo llevamos a la clínica infantil de Colsubsidio y ahí, después de 30 minutos de intentar reanimarlo, no pudieron salvarlo”, escribió una amiga de Arles en redes sociales. “De acuerdo a los reportes que identificamos en más de 300 comentarios testimoniales, hubo una falta de acceso a los recursos en términos de agua y ventilación. Era un sitio para 600 personas y metieron 1.200″, dice Rojas.

La concejala dimensiona el problema recordando lo que ocurrió en la discoteca Utopía en Perú, donde el 20 de junio de 2002, 29 jóvenes murieron en un incendio. En ese caso, entre muchas otras fallas, no había salidas de emergencia señalizadas ni extintores. La concejala alerta sobre lo que ocurre en Bogotá. “Sabemos que hay eventos con el doble o el triple de personas permitidas. No hay suficiente vigilancia sobre la infraestructura de estos lugares que garantice que haya ventilación y acceso al agua”, señala por teléfono.

“En muchos sitios cierran los grifos y cortan el agua. Es una forma de obligar a comprarla en botellas, con precios carísimos”, constata Rojas, que habla de mitigación del daño y de redes de cuidado en “la rumba”. “Que nadie más se muera en la pista de baile”, ha sido su llamado desde el Concejo de la ciudad, donde ha invitado a pensar en medidas para garantizar el consumo seguro de psicoactivos en los clubes nocturnos. “Nadie debería morir por haberse ido de fiesta y haberse metido una pepa, pero el prohibicionismo nos ha impuesto una cultura donde el cuidado no importa”, dice Rojas.

Échele Cabeza, un reconocido proyecto de reducción de riesgos y daños en consumo de sustancias psicoactivas en el país, lleva 12 años trabajando en las fiestas para que los jóvenes conozcan los riesgos de lo que consumen y aprendan a reducir sus efectos. Daniel Rojas, sicólogo de la organización, dice que las restricciones de la pandemia aumentaron las “fiestas ilegales”. Eso llevó a un deterioro de las condiciones de la fiesta. Luego, al inicio de la reactivación económica, hubo un pico en el uso de sustancias adulteradas, explica el investigador. La muerte de los dos jóvenes han abierto nuevamente el debate sobre la urgencia de aplicar, al menos, las medidas mínimas. “Si se garantizara un mínimo vital del agua y las condiciones básicas de infraestructura estas muertes hubieran sido prevenibles y evitables”.

Antes de Miguel y Arles, la víctima fue Ricardo Rojas. En julio de 2022, el joven venezolano de 26 años, murió en otra fiesta de música electrónica. Según versiones de medios y de testigos, las fiestas que han dejado al menos tres muertos han sido organizadas por una misma empresa.

“La institucionalidad debe generar facilidad y disminuir las barreras para el desarrollo de una fiesta con buenas condiciones y debe brindar todas las garantías para la seguridad de asistentes y productores”, dice el investigador Rojas, que como parte de Échele Cabeza participó en la creación de la guía de buenas prácticas y bienestar para los espacios de fiesta. En el documento, que estudia las consecuencias de la pandemia en la fiesta, participan asistentes, productores, promotores y artistas de eventos de música electrónica en Bogotá.

La coordinadora del proyecto, Vanessa Morris, ha contado que durante 2022 notaron que el regreso de los jóvenes a la vida social estaba cargado de ansiedad, baja tolerancia a sustancias y desconocimiento del contexto. “Eso los llevó a unos excesos que no habíamos visto en los últimos 12 años de trabajo y que, sumado a precarias condiciones en la hidratación, el aforo y la atención médica en algunos eventos, desencadenó en un aumento de situaciones de crisis, intoxicaciones y muertes que no habíamos registrado antes”, decía este febrero a Infobae.

La guía pone sobre la mesa todo lo que se debe tener una fiesta segura: análisis de sustancias, zonas de recuperación, mínimo vital de agua, manejo de sobredosis, personal de seguridad, aforo y gestión del público, atención a violencias basadas en género e infraestructura: ventilación, barras, salidas de emergencia, zonas de descanso, atención en salud. También dedica un capítulo a la dosificación del éxtasis, una de las sustancias más relacionadas con intoxicaciones.

“Este el resultado de años de trabajo buscando la educación y el diálogo por encima de la prohibición y el castigo”, decía Échele Cabeza al presentar la guía con la que esperan salvar vidas.

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