Amenazas de muerte, drogas y pobreza: la peor cara de Bogotá en un solo conjunto residencial

“Fuera sapos de nuestro territorio o plomo en ese culo”. La amenaza escrita a ordenador venía encabezada por el símbolo de la banda del Tren de Aragua y un rifle. Ese 31 de enero, Edwid Zartos se dio cuenta de que su trabajo como administrador del conjunto residencial Parque Central El Tintal II se había complicado. Los problemas de convivencia en esta microciudad de 2.000 apartamentos y unos 14.000 residentes, al suroccidente de Bogotá, llevaban escalando desde la pandemia, pero nunca había imaginado llegar a esto. “Comenzó la cacería de perros de la administración”, advertía el mensaje.

Entrar en este conjunto es ahora como llegar a una prisión. Las rejas de la puerta están cerradas y vigilantes con transmisores informan de todo el que accede. Nadie puede hacerlo si no es residente o tiene permiso. Las cámaras registran cada cara y, con poco acierto, establecen las características del sujeto. A casi todos los rostros los considera hombres con barba, aunque se trate de mujeres. Se vigilan los ascensores que el mensaje amenaza con incendiar y los tanques de agua que dice que podrían “enbenena [sic]”.

Este jueves al mediodía algunos padres vuelven de recoger a sus hijos del colegio en bicicleta. Hace un día de sol en Bogotá y en el ir y venir de gente por las zonas comunes entre las torres no se percibe nada extraño. Hace unas horas estuvo aquí la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para decirles a los vecinos que “no están solos” y anunció el inicio de una investigación policial para desarticular al grupo detrás de las amenazas. “Aquí no les tenemos miedo a esos delincuentes”, dijo.

López no cree que detrás de las amenazas esté el Tren de Aragua, sino grupos delincuenciales que usan su nombre para intimidar. El Tren de Aragua es una banda que nació en Venezuela pero que con la emigración se ha establecido en varios países de América Latina, Colombia entre ellos. Zartos también duda, aunque dice que el miércoles por la noche se escucharon disparos contra uno de los vigilantes que estaba en la azotea de una torre. El trabajador, que salió ileso, renunció al día siguiente.

Mariam López -nombre ficticio- no se atrevió a bajar de su casa cuando llegó la alcaldesa y se limitó a mirar por la ventana. Es una de las primeras vecinas que llegó al lugar hace ya nueve años. Desde finales de enero no sale casi nunca, incluso ha dejado de trabajar. Vive con su esposo y sus hijos pequeños y están decididos a marcharse del país por miedo. El mensaje de amenaza lo colgaron en su puerta. “Mucha gente dice que es un juego, pero no. Yo no creería que son una banda común, toman whisky fino y cervezas de importación. Se ve que tienen algo bien montado”.

Los problemas en esa torre comenzaron hace tiempo. López se ocupa de la seguridad del edificio y de entregar unos chips para abrir la puerta. De algunos apartamentos, de apenas 43 metros, le pedían hasta 12 chips, uno por habitante. El olor a marihuana se convirtió en habitual con un trasiego de gente constante.

El concejal Javier Ospina, del Centro Democrático, fue quien hizo pública la situación la semana pasada después de meses de quejas de los vecinos. Asegura que las bandas están convirtiendo estos conjuntos residenciales en su centro de operaciones y crean problemas de hacinamiento en los apartamentos, venden estupefacientes, hay prostitución, fiestas clandestinas diarias y riñas.

El origen venezolano de estos grupos ha tensado también la convivencia. En el conjunto hay más de 4.000 venezolanos, muchos de ellos viviendo tranquilamente con su familias desde hace años. El precio de los arriendos, que para los apartamentos pequeños es de unos 600.000 pesos (125 dólares), ha atraído a muchos migrantes que escaparon de la crisis perpetua del país vecino para buscar mejores condiciones de vida. La gran mayoría de ellos tratan de salir adelante ajenos a los problemas.

La mano detrás de las amenazas también incide en el origen. “El Tren de Aragua decidió proteger a nuestros hermanos venezolanos por las multas, abusos, humillaciones para entral [sic] y salir (...). Les damos 48 horas para que renuncien o todos van a pagar”.

Zartos no renunció. De hecho ahora pasa más horas que nunca en el conjunto, protegido por agentes de seguridad privada en las oficinas de administración. Estos días también hay policías de paisano investigando el caso. Mientras el administrador relata la situación recibe una llamada de la fiscalía. Dice que le van a poner protección en su domicilio, que no está en este conjunto del barrio de Kennedy. “Se nos acaba la libertad”, dice al colgar con gesto de fastidio.

- ¿Y no tiene miedo?

- Estuve en la Policía en la época de Pablo Escobar. Esto no me asusta.

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