La democracia ambiental: los colombianos que se organizaron contra el extractivismo
Comunidades rurales lograron frenar proyectos de mineras y petroleras con referendos locales, hasta que la Corte Constitucional les quitó esta herramienta. Ahora defienden ríos y montañas con votaciones simbólicas. Estos son sus protagonistas.
A Julián Viña le tiemblan las manos. En broma dice que tiene que tener cuidado con los primeros sorbos del café para no regarlo. Conversamos en una cafetería de Ibagué, una ciudad al pie de la cordillera central de los Andes colombianos, sentados en una mesa tan estrecha que hay que cuidarse del movimiento de las piernas para que no choquen las rodillas. Viña cuenta de sus problemas de salud, a los que se deben los tremores que hacen vibrar sutilmente la mesa, en parte ocasionados por el peso de años de luchas frustradas y por las presiones a las que ha estado sujeto después de haber impulsado la primera consulta popular en Colombia contra la megaminería: un referendo local en el que los lugareños votan a favor o en contra de un proyecto extractivo. Ocurrió en un municipio aledaño, llamado Piedras, del departamento del Tolima, en 2013. Viña nos habla del largo camino que lo llevó a sacrificar una apaciguada vida familiar de hacendado arrocero y lo transformó en hábil navegador de los laberínticos procesos jurídicos y políticos colombianos. “Usted se metió en esa vaina”, cuenta que le recriminó hace poco su esposa, “y acabó con la familia”.
En 2013, Viña fue uno de los artífices de la consulta popular que inauguró un breve período de empoderamiento ciudadano en Colombia para defender el medio ambiente. Desde 2007 comenzaron a conocerse detalles del proyecto de megaminería La Colosa, de la multinacional AngloGold Ashanti, que amenazaba con generar graves perjuicios ambientales en una extensa zona de la cordillera central y el valle del río Magdalena, en cuyas riberas está ubicado Piedras. Pero las comunidades afectadas descubrieron que podían hacer uso de la consulta popular, un mecanismo de participación que les permitiría votar para prohibir ciertas actividades extractivas en su territorio, protegiendo así sus fuentes de agua y su vocación agraria.
A partir del precedente de Piedras, otros nueve municipios del país siguieron su ejemplo, celebrando referendos municipales entre 2013 y 2018, y en los que mayorías arrolladoras se pronunciaron en contra de proyectos de extracción. La difusión de este mecanismo, sin embargo, alarmó a las empresas mineras y petroleras, y a las instituciones del gobierno nacional, quienes acudieron a diferentes estrategias en las cortes para frenar los efectos de esta eficaz práctica ciudadana. Y lo lograron. Pero en Colombia múltiples comunidades rurales se resisten a dejar su vocación agraria y el futuro de sus ríos y montañas en manos de un pequeño grupo de jueces.
La semilla que sembró Piedras
Lo extraordinario del proceso de Piedras fue que generó una confluencia de sectores políticos y sociales generalmente enemistados. Una de las actividades económicas principales del municipio es el cultivo agroindustrial de arroz. En 2012, Viña y otros hacendados arroceros supieron que AngloGold Ashanti pretendía convertir una zona del territorio de Piedras en “el mayor basurero y escombrera del mundo”. La empresa planeaba desechar allí el material extraído de la mina La Colosa para someterlo a procesos químicos en busca de los últimos rastros de minerales. “Nosotros, los hacendados de Piedras”, afirma Viña, “empezamos a ver eso y nos empezamos a asustar”. Tanto así que a principios de 2013 algunos de estos hacendados, cercanos políticamente a la derecha, apoyaron y financiaron bloqueos de carreteras promovidos por grupos comunitarios y universitarios ambientalistas que buscaban impedir la entrada de la multinacional minera. “[La comunidad] tomó la decisión un día: “cerrémosles el paso”, recuerda Viña.
Newsletter
Los diversos sectores opuestos al proyecto minero presionaron a las autoridades locales para convocar la consulta popular, una salida electoral al conflicto que también le convenía a los políticos locales: podían decir que la decisión la tomó la ciudadanía y no ellos. El 28 de julio de 2013 se consolidó la estrategia y el 98.8% de los sufragantes votaron para prohibir la minería de metales en el municipio.
La consulta popular es uno de los múltiples mecanismos de participación ciudadana previstos por la Constitución de 1991 para enfrentar la crisis de la democracia representativa en Colombia. A ella pueden acudir tanto las autoridades como la ciudadanía para someter a votación asuntos de trascendencia nacional, departamental o municipal. Las consultas, sin embargo, no son propiamente mecanismos de democracia directa. Independientemente de que sean promovidas por el gobernador, el alcalde o la ciudadanía, la convocatoria debe ser aprobada por las instancias representativas respectivas—el concejo municipal o la asamblea departamental. Luego la convocatoria debe ser enviada a los tribunales de la zona, para que se evalúe si la pregunta está redactada de forma clara y no conduce a engaño, y si el asunto que se somete a votación se encuentra dentro las competencias del departamento o el municipio. Si se superan estas condiciones, la ciudadanía podrá acudir a las urnas y la decisión de las mayorías deberá ser implementada por las autoridades.
Siguiendo el ejemplo de Piedras y otros lugares, en 2014 la ciudadanía y las autoridades de Pijao, Quindío, convocaron una consulta popular contra la megaminería. Pero antes de poder acudir a las urnas, tuvieron que sortear un largo y complejo proceso jurídico que pasó por varias instancias y que finalmente se dirimió con la intervención de la Corte Constitucional. En 2016, este alto tribunal decidió que los municipios del país sí eran competentes para tomar este tipo de decisiones sobre su territorio, pues sus habitantes son quienes sufren las graves afectaciones ambientales y sociales generadas por la minería. Con esta sentencia, la ciudadanía de Pijao pudo acudir a las urnas. El 9 de julio de 2017, el 98% de los votantes allí votaron contra la minería.
“La naturaleza me ha dolido siempre”
En otra esquina de la cordillera andina fue el padre Edgar Sánchez quien asumió el liderazgo de otro proceso de consulta. El padre nació en la provincia de Vélez en el departamento de Santander. Se trata de una región montañosa y predominantemente campesina en la cual se concentran una impresionante diversidad de climas, ecosistemas, modos de producción agraria y formaciones geológicas únicas. Desde su ordenación como sacerdote hace 32 años, el padre Sánchez manifiesta haber tenido una especial “sensibilidad a la injusticia”. “La creación es un don de Dios’', expresa el padre, “a mí esas cosas siempre me han dolido y siempre las he puesto de manifiesto. También me han dolido las injusticias políticas, las injusticias judiciales, y la naturaleza me ha dolido siempre. Me ha despertado mucha solidaridad la naturaleza.”
En 2015 el entonces obispo de Vélez, Santander, envió al padre Sánchez como párroco al municipio de Sucre. Unos meses después, la empresa Llano Minas, beneficiaria de un título minero para la explotación de piedra caliza, convocó una reunión con la población y las autoridades municipales. Intentaron seducir a la comunidad con promesas de trabajo, mejoras de infraestructura y mayor dinamismo económico. Sánchez, quien estuvo presente y lideró una plegaria orando para que cualquier intervención se hiciera con criterio ambiental, recuerda: “Cuando viene la explicación de la minera, ¡Santísima Virgen! Nos muestran todo lo que van a hacer en 30 años, que es tumbar la montaña de Órganos, toda la peña. Y yo pasaba por ahí cada 15 días y veía la abundancia de agua. El agua fue la columna vertebral de la lucha”.
La inquietud del padre Sánchez lo llevó a investigar en mayor profundidad el ecosistema que se volcó a proteger. Descubrió que la Peña de Órganos, el cerro amenazado por el título minero, alberga 26 fuentes de agua, al menos 1.200.000 árboles y abastece a 15 acueductos locales de municipios cercanos. “Entonces yo de una vez me puse la tarea de organizar a la comunidad”, dice. “A decirles, miren lo que van a perder ustedes aquí. Yo empecé a decirles a ellos que los beneficios de la empresa son un engaño. Uno de pastor, viendo el peligro que enfrentan sus ovejas, no puede quedarse callado. Era una cosa de conciencia. Esa fue la realidad.”
El padre Sánchez se dedicó varios meses a conversar con los alcaldes o concejales de los municipios afectados, y tendió puentes con otros párrocos que se adhirieron a su lucha. El municipio aledaño de Jesús María dijo no a la minería el 17 de septiembre de 2017. Lo mismo sucedió en Sucre pocos días después, el 1 de octubre. En ambos casos, el rechazo a la minería contó con el apoyo de más del 97% de los votantes.
Las jerarquías de la Iglesia Católica colombiana, sin embargo, no han mostrado un apoyo decidido a la protección del medio ambiente, ni siquiera después de que el Papa Francisco presentara su encíclica ambiental Laudato si en 2015. Esto ha llevado a que el padre Sánchez se sienta solo en su lucha en contra de la minería y otras prácticas depredadoras de la naturaleza—en sus palabras, “la creación de Dios”. Durante nuestra conversación en una tienda de barrio, Sánchez envía un mensaje contundente a la institución a la que debe obediencia. “Una palabra para la Iglesia: no arrinconen a los profetas que pueden ayudar desde la fe.” Sánchez continúa viajando a los pueblos de la región donde predica su mensaje sin descanso.
El contraataque contra las consultas populares
Una vez quedó claro que las consultas populares empoderan a la ciudadanía, algunas instituciones del nivel central buscaron la forma de obstaculizarlas. Así lo contó Ciro Andrés Güiza, personero del municipio de El Peñón, Santander, donde no se logró realizar una consulta contra la minería . “Lo que se dijo al final de cuentas, cuando ya no se pudo hacer nada, fue que el Ministerio [de Hacienda] no había girado los recursos a la Registraduría [órgano electoral] para poder adelantar la consulta acá”, dice.
Pero el golpe más severo a las consultas lo propinó la Corte Constitucional, la misma institución que en 2016 había respaldado el uso de este mecanismo. En 2018, la Corte dio un giro dramático. En una sentencia que decidió una demanda interpuesta por la multinacional petrolera Mansarovar Energy contra la consulta popular que prohibió la explotación petrolera en el municipio de Cumaral, Meta, se estableció que los municipios no tienen competencia para prohibir la exploración y explotación de los recursos del subsuelo, ni siquiera por la vía de la consulta popular. En la opinión de la mayoría de los magistrados, la tensión entre las competencias constitucionalmente asignadas a los municipios y al gobierno nacional no puede resolverse dando la última palabra a los municipios. Estas decisiones, dijo la Corte, deben tomarse de manera “coordinada y concurrente” entre las instancias centrales y locales, sin que prime la posición de ninguno de los dos.
Con este argumento, la Corte Constitucional concluyó que las consultas populares no son un mecanismo de participación adecuado para resolver este tipo de conflictos. Y para subsanar el vacío de participación generado por la sentencia, exhortó al Congreso de la República para que diseñara un nuevo mecanismo de participación ajustado a los requerimientos de la Corte. Sin embargo, cuatro años después de la sentencia, esto no ha sucedido.
“En principio la sensación que da es ira, rabia, impotencia que desconozcan la decisión de un pueblo. Esa rabia se traduce en inconformidad, una inconformidad que cada vez crece más”. Estas palabras de Carolina Ordúz, empresaria y promotora de la consulta popular en Cumaral, expresan claramente los sentimientos de quienes le apostaron a este mecanismo en distintos rincones de Colombia.
De espaldas al estado pero imitando sus formas
La consulta popular, sin embargo, no quedó enterrada: se transformó en un mecanismo informal que ahora organizan independientemente varias comunidades y que, si bien no tienen el respaldo institucional del Estado, aún tienen un enorme poder simbólico.
El capítulo más reciente de esta saga se desarrolló en el Macizo colombiano, al sur-occidente del país, escenario de una topografía delirante donde la cordillera de los Andes se divide en tres y nacen los ríos más importantes de Colombia: el Magdalena, el Cauca, el Caquetá, el Patía. Desde sus mesetas es posible contemplar las cadenas montañosas que se despliegan en todas las direcciones formando un anfiteatro natural, y donde la tierra parece arrugarse en pliegues como la piel de un elefante. La región es también, como casi todo el territorio nacional, apetecida por empresas mineras y petroleras que han solicitado títulos que cubren una buena parte de su extensión.
Fue en el Macizo donde las comunidades campesinas de los municipios de San Lorenzo, Nariño, y Mercaderes, Cauca, encontraron la manera de resucitar las consultas populares. Por medio de prácticas informales, que denominaron “consultas populares legítimas”, se dieron a la tarea de conseguir por sí mismos los recursos necesarios para que la ciudadanía pudiera expresarse en las urnas. Así mismo, crearon una institucionalidad paralela compuesta por los mismos ciudadanos del municipio y a la que encargaron la implementación de la jornada electoral. Fue así, de espaldas al Estado pero imitando sus formas, como el 98% de los votantes en San Lorenzo dijeron no a la minería el 25 de noviembre de 2018. Lo mismo sucedió en Mercaderes el 3 de agosto de 2019, donde el 99% de los votantes se opuso a la minería.
Otros municipios del Macizo colombiano decidieron seguir el ejemplo. Este es el caso de San Pablo, Nariño, un municipio cafetero donde la población campesina se siente ignorada por el Estado. “El Gobierno nacional va repartiendo los territorios, va feriándolos, y nosotros, ¿qué venimos siendo acá con la condición de campesinos? Los campesinos somos nada para el Estado”, señaló Dubi Ordoñez, promotora de la consulta popular en este municipio.
Ordóñez tiene un discurso de cadencias campesinas que nada resta a su sofisticada apreciación de las dinámicas del poder en Colombia. “Además de hacer trabajo social, yo soy campesina. Me dedico a aruñar la tierra”, dice. Para la fecha de nuestra conversación, Ordoñez participaba en la organización de una de las consultas populares legítimas que tendrían lugar el 19 de diciembre de 2021 en 6 municipios del Macizo colombiano. Las votaciones convocaron a más de 30.000 votantes, de los cuales la mayoría se pronunció en contra de la minería en sus territorios.
La perspectiva de Ordóñez resume la frustración de muchos líderes sociales colombianos, que perciben a los poderes centrales más como una amenaza que como garantes de sus derechos: “El Estado tiene que llegar, tarde o temprano, con o sin ganas, a sentarse con las comunidades a debatir y eventualmente eso se tiene que resolver legalmente,” comenta Ordóñez. Mientras tanto, insiste en que las consultas populares informales son expresiones de la soberanía popular que deben ser escuchadas a pesar de lo que digan instituciones como la Corte Constitucional.
“Más allá de si es lo que determina la ley, si el Estado reconoce o no un ejercicio de esos, ahí se concreta la legitimidad de la que estamos hablando”, dice Ordoñez. “Porque finalmente un proyecto entra a un territorio y cuando no encuentra el respaldo de la gente, ese proyecto no se va a poder desarrollar, va a estar la gente ahí siempre con un sonsonete, donde se les va a decir “usted no es bienvenido aquí””.
Nicolás Figueroa es profesor de Teoría Constitucional y Sociología del Derecho en la Universidad del Rosario, Colombia. Miguel Winograd es fotógrafo independiente e historiador, y ha publicado su trabajo en medios como The New York Times, The Financial Times y El Tiempo.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
