La UE y el FMI presionan a Irlanda para que acepte un rescate de 100.000 millones

El euro vive su segunda prueba de fuego en menos de seis meses. Después de la debacle sufrida el pasado mayo por los problemas fiscales de Grecia, la zona euro se enfrenta a una segunda tormenta, esta vez de la mano de Irlanda. Los 16 ministros de Economía de la zona euro dedicaron la reunión de anoche en Bruselas a tratar de convencer a las autoridades irlandesas de que solicitaran una ayuda a la UE para remendar sus bancos y calmar a los mercados. La gravedad de la situación ha sido expresada sin ambages por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, quien ha asegurado que "estamos en una crisis de supervivencia" de la zona euro.

Para tranquilizar los ánimos tanto Rompuy como Olli Rehn, el comisario de Asuntos Económicos, afirmaron, en la rueda de prensa posterior a la reunión, que la UE está determinada a poner en práctica cualquier ayuda en el momento en que Irlanda lo solicite. Y anunciaron el envío de una misión técnica conjunta con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo (BCE) a la capital irlandesa para concretar los términos de una eventual ayuda al sector bancario.

Cada crisis financiera tiene su particular narrativa política. En la de Grecia, Alemania, más pendiente de sus elecciones regionales, dejó pudrir la situación y la petición de ayuda que venía solicitando el Gobierno del socialista Yorgos Papandreu desde febrero no encontró una respuesta positiva hasta tres meses después. El retraso provocó serios problemas al euro y varios países, como Portugal y España, se vieron seriamente afectados.

En el caso de Irlanda, se da la paradoja de que el enfermo, más pendiente de sus próximas elecciones, se resiste a pedir ayuda para no dar armas a la oposición a pesar de que tiene un sistema bancario que se cae a trozos y que solo se sostiene por la inyección del Banco Central Europeo, en cuyo seno empiezan a producirse disensiones por la permanencia de esta asistencia. Dublín también se resiste a solicitar financiación a la UE porque ello implica el aterrizaje en su país de los vigilantes de la Unión el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que examinarán todas sus cuentas y actividades.

Pero a la fuerza ahorcan. Aunque el ministro de Finanzas de Irlanda, Brian Lenihan, ha seguido insistiendo que su país no precisa financiación hasta mediados del año que viene, el primer ministro, Brian Cowen, admitía en el Parlamento que Dublín estaba buscando una solución "creíble y eficiente". Cowen reconoció que "dadas las actuales condiciones del mercado ha habido contactos a nivel oficial con nuestros socios internacionales", aunque insistió en que eran "inexactas" las informaciones que indican que Irlanda había pedido ayuda. A pesar de las cautelas fue todo un primer paso.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha sido más explícito al reconocer que "la Comisión Europea trabaja en concierto con el BCE y el FMI y por supuesto las autoridades irlandesas con vistas a resolver los graves problemas del sector bancario irlandés". Un sector bancario que se hinchó al galope de operaciones especulativas desaforadas hasta alcanzar un tamaño cinco veces la economía del país y que ha precisado ayudas públicas por valor de 286.000 millones de euros, equivalentes al 170% del PIB de Irlanda.

Fuentes comunitarias han indicado que Irlanda podría recibir unos 100.000 millones (la mitad de los cuales se canalizarían hacia los bancos) de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera constituida tras la crisis griega y que puede disponer de 440.000 millones de euros. El sector privado está por ahora a salvo de los sacrificios, ya que en Rompuy ha aclarado que los mecanismos actuales de rescate están vigentes hasta 2013, y no contemplan que las entidades financieras carguen con el coste.

Colaboración del FMI

Irlanda ha oído todo tipo de mensajes procedentes de las autoridades monetarias europeas para que tome una decisión cuando antes y permita la estabilización del euro y acabe con las presiones a otros países especialmente Portugal. El vicepresidente del BCE, Vitor Constancio, ha vuelto a insistir en que Irlanda debe decidir por sí misma si necesita ayuda, pese a mostrarse convencido de que si solicita "financiación externa" la situación se estabilizará.

El ministro de Finanzas holandés, Jan Kees de Jager, precisó que cualquier concesión de ayuda deberá estar sujeta a condiciones y contar con la colaboración del FMI.

El gobernador del banco de Francia, Christian Noyer, quiso transmitir un mensaje de calma asegurando que la situación de la zona euro "no estaba al borde del colapso". También el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, que en la anterior crisis estuvo también en permanente contacto con las autoridades europeas, dijo que la situación "estaba completamente dentro de las posibilidades de gestión de Europa", y pidió una acción "rápida, muy rápida".

El ministro de Hacienda británico, George Osborne, también puso su granito de arena, asegurando que están dispuestos préstamos por millones de libras para ayudar en el rescate si es preciso.

Portugal, en el punto de mira

Portugal, el otro país en el punto de vista de los mercados, se empeñó en dejar claro que no es Irlanda y, por lo tanto, no necesita ayuda exterior, informa Francesc Relea. Este es el mensaje que el ministro luso de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, transmitió en Bruselas para intentar calmar el revuelo provocado por las declaraciones en las que admitió que Portugal corre un alto riego de verse obligado a recurrir al fondo de rescate europeo. Previamente, el Gabinete del primer ministro, José Sócrates, había señalado que las palabras de su ministro, recogidas por Financial Times, habían sido mal interpretadas.

"Estamos en condiciones de seguir acudiendo a los mercados en las condiciones actuales", dijo Teixeira dos Santos a la entrada de la reunión del Eurogrupo, y subrayó que si Irlanda pide ayuda, Portugal tiene que mostrar "mayor firmeza y determinación". Teixeira dos Santos insistía que Portugal mantiene firme el objetivo de reducir el déficit público del 7,3% del PIB para final de año, para bajar al 4,6% cuando concluya 2011. A tal fin, el Gobierno socialista ha presentado unos presupuestos con un recorte drástico del gasto, que afecta a los salarios de funcionarios y a las pensiones, y contempla un aumento del IVA.